Organización criminal, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Estos son los ocho presuntos delitos que están investigando el juez Eduardo Martínez Gamero y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase del Caso Mascarillas.

Lo que inicialmente era un presunto fraude en la compra de material sanitario en la Diputación Provincial de Almería al comenzar la pandemia del coronavirus en la primavera de 2020, ha derivado después en la investigación de presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas en esa institución a través de contratos menores y en el Ayuntamiento de Fines entre los años 2016 y 2021, es decir, las posibles ‘mordidas’ que habrían recibido altos cargos públicos, ya ex militantes del Partido Popular.

En concreto, en la causa se ha imputado al ya expresidente de la Diputación, Javier A. García; el exvicepresidente segundo, Fernando Giménez; al también ya exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; un hijo de éste del mismo nombre, y Clemente González, funcionario de la institución supramunicipal. Los cinco fueron detenidos el pasado 18 de noviembre y dos días más tarde quedaron en libertad provisional con medidas cautelares dictadas por el juez Martínez Gamero, adscrito de forma temporal al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Hasta llegar a esas cinco detenciones – también se registró a primera hora los domicilios de dos hermanos del expresidente -, el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO desempeñó una labor sigilosa que duró nada menos que 14 meses. Fue en septiembre de 2024 cuando las diligencias 1678/2021 tuvieron que ampliarse y ser parcialmente secretas para no interferir en el trabajo de los agentes de la Benemérita.

14 meses han transcurrido pues desde que empezó a investigarse, con conversaciones telefónicas grabadas en este mismo año 2025, la “aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita cuyo destinatario sería Javier Aureliano García”, así como supuestamente dinero derivado desde Kilian López Solé – entre los primeros detenidos por la supuesta irregular compra de mascarillas en China – hacia el citado García, el exdiputado de Fomento, Óscar Liria, y el exvicepresidente Giménez.

Escuchas telefónicas A raíz del primer informe de la UCO, los agentes que forman parte del citado departamento han tenido que estudiar con lupa muchos documentos oficiales e incluso solicitar los preceptivos permisos de escuchas telefónicas para comprobar si es cierto que todo respondería “a un plan preconcebido cuyo objeto sería, aprovechando las capacidades ostentadas por Óscar Liria en materia de contratación pública y a través de la adjudicación de contratos de forma fraudulenta, la obtención de un lucro económico de naturaleza ilícita”.

Si bien esta pieza separada del Caso Mascarillas se centra en obras adjudicadas por contratos menores desde las citadas instituciones, la investigación de Delincuencia Económica, con el teniente coronel Antonio Balas Dávila al frente, no pasa por alto que una vez que ya no era diputado Óscar Liria, presuntamente habrían seguido cometiéndose presuntas irregularidades desde las sedes de Diputación en Navarro Rodrigo y Hermanos Machado.

Entre las empresas más citadas en las investigaciones judiciales estarían las mercantiles almerienses OYC Servicios Urbanos SL y Pulconal. Sobre la primera de ellas la UCO sitúa el “inicio de la dinámica” que ha desembocado en una gran tormenta política y económica en la provincia de Almería.