Viajes a Ibiza, bloqueo de cajas fuertes y otras claves del Caso Mascarillas en Almería
No solo es material quirúrgico, en la presunta trama aparece el cementerio de Bacares, la piscina de Chirivel o una parcela en Rodalquilar

Una de las intervenciones de la Guardia Civil en el Caso Mascarillas.
El contenido de un grupo de WhatsApp en las investigaciones sobre el 'Caso Mascarillas' del Grupo de Delincuencia Económica número 3 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -junto a otros indicios razonables de presunta trama de corrupción en la Diputación Provincial Almería- fue determinante para que el pasado lunes 17 de noviembre el juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, sustituto de la jueza Belén López, autorizara el registro de viviendas y despachos oficiales de los investigados en esta presunta corruptela con dinero público en la que se imputan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
En el auto del juez sustituto del juzgado de Instrucción número 1 de Almería se relata la existencia del grupo de mensajería 'Naranjito' del que formaban parte el entonces presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina y los exdiputados Fernando Giménez y Oscar Liria.
Lenguaje encriptado en los mensajes de WhatsApp
El juez afirma que la utilización de un lenguaje encriptado o en clave unida a la contratación de servicios y obras alimenta sospechas fundadas de supuestos delitos: "Esperaba poder ir al dentista", "Tengo las muelas picadas por tu culpa". "si quieren ir al dentista ellos sabrán", son una muestra.
El juez considera que desde 2017 "se usa esta terminología de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable". Cuando se realiza la contratación de medio millón de mascarillas a la empresa Azor Corporate, a través del Decreto firmado por Javier Aureliano García, éste envía el emoticono de un diente tres minutos después de la rúbrica al grupo de mensajería.
A juicio del instructor "se trata de un indicio demoledor y simboliza la importancia del papel que ejercía don Javier Aureliano en el entramado delictivo". En otros mensajes, Aureliano pregunta a Oscar por su amigo Kilian manifestándole: "Y lo nuestro qué, estoy nerviosísimo".
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En el auto aparece también la investigación de la UCO sobre una parcela adquirida por el expresidente de la Diputación en Rodalquilar y el abono de 19.750 euros en efectivo en una cuenta a nombre de su hermana, así como también una vivienda que recibe como herencia en la calle Glaucio de Almerimar y que recompra Aureliano, según el auto, "sin que se hayan localizado movimientos bancarios".
Viajes a Ibiza y Madrid
El auto judicial se refiere también, a tenor de las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica, a viajes conjuntos de ocio por parte de Javier Aueliano y Oscar Liria a Ibiza y Madrid en el años 2016 -Aureliano fue presidente de la Diputación a partir de 2019- sin que existan apuntes bancarios en las cuentas investigadas, "por lo que se trataría de viajes de coste elevado, sufragados con dinero en efectivo".
Destaca el auto del juez por el alto número de empresas que aparecen fruto de la investigación de la presunta trama relacionada con el Caso Mascarillas -los distintos ingresos entre Diputación, Azor Corporate y Pulconar- y también por las de supuestas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos vinculados al área de Obras y Fomento que dirigía el investigado Oscar Liria.
Entre ellas aparece OYC Servicios Urbanos, controlada por personas interpuestas por Rodrigo Sánchez Simón, aún alcalde de Fines e investigado en la presunta trama, y su hijo Rodrigo Sánchez López. Desde 2017, habría resultado adjudicataria de 17 contratos públicos licitados por la Diputación y el propio Ayuntamiento de Fines.
Igualmente, existen indicios de que el funcionario Clemente González Sáez, jefe de Apoyo Técnico y Maquinaria de Diputación, ayudó a Oscar Liria y actuó, supuestamente, en connivencia con él para seleccionar a determinadas empresas privadas y a indicarles la oferta que debían realizar para obtener un beneficio económico ilícito.
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Según el juez instructor, "todos estos indicios, puestos en conexión, revelan que sería posible que Javier Aureliano, Clemente González, Oscar Liria, Fernando Giménez, Rodrigo Sánchez Simón, Rodrigo Sánchez López, junto con otros sujetos, hubieran colaborado, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones".
Entre las obras que aparecen en el informe de la UCO están las del cementerio de Bacares, la piscina de Chirivel, un parque infantil en Senés, red de abastecimiento de Tabernas. También se investigan servicios como un viaje institucional a Madrid a la FEMP y programas de obras, cuya documentación se ha requerido a Diputación, como el programa Acelera 2020, el programa Pibio 2018 y 2019, el Programa PCEM 2018 y todos los expedientes de contratación licitados por la mercantil Sorigué.
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También se requiere a la agencia de viajes Fines Travel, para que se entregue documentación de los viajes organizados en favor de Oscar Liria y de Javier Aureliano desde 2016 a la actualidad.
El juez también ha ordenado en su auto el bloqueo de cuentas de los investigados, así como el bloqueo y prohibición de acceso a las cajas de seguridad bancarias que pudieran tener contratadas tanto ellos como a más de una veintena de administradores de empresas con los que pudieran estar relacionados en esta investigación. Martínez Gamero también manda anotar la prohibición cautelar de vender los vehículos propiedad de la empresa Gesa Andalucía y fincas propiedad registral de Javier Aureliano y Fernando Giménez.