Cinco ayuntamientos de la provincia de Almería están en la cuerda floja y no pueden hacer frente a todos los pagos que están obligados a efectuar. Las facturas se acumulan y el día a día hace difícil que los consistorios puedan hacer frente a las mismas, por lo que el Ministerio de Hacienda se ha puesto manos a la obra para rescatarlos y permitir así que salgan de la delicada situación financiera que atraviesan.

Así lo ha puesto de manifiesto el Gobierno de España tras la presentación del 'Mecanismo de Pago a Proveedores' de 2026, aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en el que figuran dos ayuntamientos de la comarca del Levante almeriense que están obligados a acogerse al mismo y, del mismo modo, Hacienda señala a otros tres que también podrían ser intervenidos.

El objetivo de este mecanismo, que cuenta con una asignación de 304 millones de euros, es que los ayuntamientos incluidos en el listado puedan pagar las facturas pendientes a proveedores y hay dos que se enciuentran entre los 26 que peor están de España. Se trata de Carboneras y de Garrucha, que han sido incorporados de forma obligatoria en el plan extraordinario aprobado recientemente por el Gobierno de España. 

Más de seis millones de euros

Por su parte, son otros tres los ayuntamientos de la provincia de Almería que podrían adherirse al mecanismo de forma voluntaria. Este es el caso de Abla, Cuevas del Almanzora y Oria, que aparecen en un segundo listado donde se recogen decenas de ayuntamientos de toda España que podrían contar con este crédito del Gobierno para pagar a proveedores.

Así las cosas, son más de seis millones de euros los que Hacienda destinará a ayudar a Carboneras y Garrucha a pagar. Según la documentación publicada por el Ministerio de Hacienda, Carboneras podrá recibir hasta 3,19 millones de euros, mientras que Garrucha tendrá acceso a un máximo de 3,08 millones de euros dentro de este mecanismo extraordinario.

Devolver el dinero

Y es que gracias a este préstamo que realiza el Gobierno de España, los ayuntamientos podrán pagar a sus proveedores después de incumplir durante meses los plazos legales para acometer estos pagos, una situación que Hacienda considera "extremadamente grave".  Pero este dinero no llega a las arcas municipales 'gratuitamente', sino que después de recibir la financiación estatal, los consistorios deberán presentar planes de ajuste y aceptar las medidas de supervisión financiera de Hacienda para corregir sus problemas económicos.

Es decir, en pocas palabras, tendrán que devolver todo el dinero recibido por el Gobierno de España antes de poder gastar sus nuevos ingresos. Todo, explican desde Hacienda, con el objetivo principal de evitar que empresas y autónomos sigan acumulando meses sin cobrar los trabajos realizados para los ayuntamientos. 

En una situación parecida se encuentran los ayuntamientos de las localidades de Abla, Cuevas del Almanzora y Oria, aunque estos tres no están obligados a adherirse a este rescate estatal, pero Hacienda sí se lo permite dadas las tensiones económicas que presentan y los retrasos en los pagos. Pero serán los propios consistorios, en estos tres casoso, los que decidan si quieren la financiación para ponerse al día con proveedores o, en cambio, por ahora deciden rechazarla.

Los 26 ayuntamientos obligados

En total, explican desde Hacienda, son 26 ayuntamientos de toda España los que están obligados a presentarse. Así, además de Carboneras y Garrucha, en Almería, también figuran en el listado Arcos de la Frontera (Cádiz), Barbate (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Rota (Cádiz), Vejer de la Frontera (Cádiz), Maracena (Granada), Jaén (Jaén), Vélez-Málaga (Málaga), Gilena (Sevilla), Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Seseña (Toledo), Ugena (Toledo), Badalona (Barcelona), Camarles (Tarragona), Parla (Madrid), Ibi (Alicante), Alboraya (Valencia), Cambre (A Coruña), Culleredo (A Coruña), Mugardos (A Coruña), Santiago de Compostela (A Coruña), Verín (Ourense) y Mazarrón (Murcia).