Casi 70 folios. Las actuaciones judiciales previas a la detención del ya expresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García Molina, y el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, describen cómo operaban presuntamente para la comisión de los diversos delitos que se le imputan en una causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Son malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, corrupción en la contratación pública y tráfico de influencias los delitos que aparecen en la causa, que empezó como el ‘Caso Mascarillas’ y que ha pasado a una segunda fase vinculada con presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas con contratos menores.

El auto que ordenó el ahora juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, describe cómo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) prepararon los diez registros que llevaron a cabo el pasado 18 de noviembre, el pasado martes, en distintas localidades almerienses y en la propia capital, donde se trasladaron, por ejemplo, a dependencias de la Diputación.

Entre los documentos que forman parte de la investigación se encuentran conversaciones privadas entre los citados García y Giménez, con mensajes en clave referidas, por ejemplo, a citas con el dentista.

Además, se hace referencia a conversaciones entre los exdirigentes de la Diputación y el grupo de wasap que compartían y que denominaban ‘Naranjito’, con conversaciones que datan desde hace varios años, antes incluso de que arrancara el ‘Caso Mascarillas’.