A las 56 horas de ser detenidos, Javier A. García y Fernando Giménez abandonaron las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Almería. Ambos son aún presidente y vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, respectivamente.

Su futuro político parece estar decidido y el judicial lo comunicó el TSJA pasadas las tres de la tarde de ayer. Quedan en libertad provisional, por orden del juez Eduardo Martínez Gamero, tras ser arrestados por agentes de la UCO en el marco de las investigaciones del ‘caso mascarillas’, donde se investiga un fraude en la compra de material sanitario en pandemia y posibles amaños en contratos públicos.

No vieron los periodistas la salida de García y Giménez. El segundo de ellos quería estar cuanto antes con los suyos. “Son 48 horas complejas para cualquier persona que entiende que no procede esa detención. La asume como cumplidor de la justicia. Estaba entero. Ha declarado todo lo que ha sido necesario y ha salido perfectamente animado y con ganas de ver a su familia, que era lo que le más le importaba ahora mismo”, trasladó su letrado, Basilio Casanueva, del despacho Lealtadis Abogados, a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Del mismo bufete es Joaquín Monterreal, que defiende a Javier Aureliano García Molina. Se le preguntó al abogado por el estado de ánimo del hasta ahora presidente provincial del Partido Popular “Imagínese una persona que durante seis años no ha tenido ningún problema, pese a saber que se estaba investigando, y verse en esta situación, pues no es plato de gusto para nadie. Creo que eso lo debe entender cualquier persona”.

Rodeados ambos de periodistas, Monterreal defendió la inocencia de su patrocinado porque “su patrimonio es absolutamente transparente y ha quedado suficientemente claro, aunque hubiese sido muy fácil hacerlo acudiendo a las declaraciones de renta y patrimonio, a registros públicos como notarías para acreditar lo que estamos diciendo”.

“En cinco minutos se ha explicado que realmente su patrimonio es absolutamente transparente. Todos y cada uno de los ingresos que tiene, y repito lo de todos, están perfectamente acreditados, están absolutamente declarados a la Hacienda Pública”, resumió Joaquín Monterreal, que desde primera hora de este jueves se dejó ver por la sede judicial de Carretera de Ronda.

Resaltó también el abogado la colaboración que ha tenido su cliente hacia los agentes de la UCO y el propio juez que ahora instruye el caso, aunque se lamentó que no se le haya citado por los cargos que se le imputan en los seis años que lleva García como presidente de la Diputación.

“Es un procedimiento que se está remontando ahora a una investigación que ya va por el año 2016. Es una investigación larga y compleja y esto es lo que ha motivado que hayan estado 48 horas hasta pasar a disposición judicial por el retraso en la tramitación de todas las diligencias”, explicó, al tiempo que no dio pistas - tampoco lo hizo Casanueva - de los cargos concretos que se imputan a los cinco detenidos el pasado martes en el marco de la segunda fase del ‘caso mascarillas’.

Abogado del PSOE

El abogado almeriense Javier Salvador Cañadas está al frente de la acusación particular en el ‘caso mascarillas’, en representación del PSOE, y trata de que se aclaren presuntas irregularidades en la compra de material sanitario en pandemia y contratos públicos por parte de la Diputación Provincial.

“Puede ser una jornada muy larga puesto que hay varias declaraciones” que tomar de los cinco detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado martes, 18 de noviembre.

Salvador añadió que no tenía, casi a las 11 de la mañana, mucha información de la nueva causa.

Tras la puesta en libertad provisional con medidas cautelares de los cinco arrestados, como así lo pidió también el fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó que solo el abogado que representa al PSOE, Javier Salvador, pidió el ingreso en prisión.

La causa, según han precisado también fuentes del TSJA, se está investigando por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

Los cinco detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados. La puesta en libertad fue finalmente acordada por el juez de adscripción territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción.

Sin embargo, todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen obligación de hacer entrega de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.

En la causa hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil aunque tendrán que comparecer en este juzgado cuando sean citados, informa la agencia Europa Press. Las detenciones y registros comenzaron el pasado martes.

En el llamado ‘caso mascarillas’ ya fue investigado e ingresado en prisión provisional el exvicepresidente y diputado de Fomento, Óscar Liria, al que en esta segunda fase también se le considera investigado.