Ya hay 17 personas investigadas por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas en la Diputación Provincial de Almería y en el Ayuntamiento de Fines en un proceso judicial abierto al margen del llamado caso mascarillas, que se investiga desde hace cuatro años.

Las investigaciones las están llevando a cabo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que esta tarde ha acordado, a través del juez de adscripción territorial del TSJA, la puesta en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares de los cinco detenidos el pasado martes.

Los cinco arrestados fueron el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García Molina, el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, - los tres militan en el Partido Popular - un hijo de éste del mismo nombre y un funcionario de la citada institución supramunicipal, identificado como Clemente G. S.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado pasadas las cuatro de la tarde de este jueves que a esos cinco detenidos, para los que la Fiscalía no ha pedido ingreso en prisión, sí se le han impuesto medidas cautelares. Se trata de las consideradas tradicionales en este tipo de procesos: comparecencia en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

En su nota pública, lo que sí aporta como novedad el TSJA es que se pasa de tres a cinco presuntos delitos en la causa que se investiga desde hace más de cuatro años en juzgados de Barcelona y Almería capital. A los anunciados el pasado martes de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales se suman también los de tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

Desde que estallaran las últimas novedades de esta segunda parte del caso mascarillas ya es oficial que “en la causa hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil aunque tendrán que comparecer en este Juzgado (el de Instrucción número 1 de Almería) cuando sean citados”. Entre esos investigados se encuentra el alcalde de Tíjola y diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez. El regidor formaría parte de una empresa a la que se investiga desde la instrucción del caso en el año 2021.

De esta forma, ya habría tres miembros del equipo de Gobierno de la Diputación de Almería a los que ha investigado la UCO de la Guardia Civil, los citados Javier A. García, Fernando Giménez y José Juan Martínez. Con anterioridad, fue investigado y ahora de nuevo lo está el exdiputado provincial y concejal en Fines, Óscar Liria Sánchez.

La mañana de este jueves en la Comandancia de la Guardia Civil y en la Ciudad de la Justicia, ubicadas en la Glorieta Manuel Fraga y Carretera de Ronda, ha sido intensa, con protagonismo para los abogados defensores y el que ejerce la acusación popular en representación del PSOE, Javier Salvador Cañadas, del despacho Aránguez Abogados. Salvador sí ha pedido el ingreso en prisión de los detenidos.

Al frente de la defensa de Javier A. García está el letrado Joaquín Monterreal, de Lealtadis Abogados; el mismo despacho al que confiado su defensa el vicepresidente Fernando Giménez. Su abogado es Basilio Casanueva.

Por su parte, tanto Rodrigo Sánchez Simón como su hijo Rodrigo Sánchez López han estado asistidos por el letrado granadino Alfredo López. También se ha desplazado a Almería este jueves el abogado Pablo Luna Quesada, también de la capital de la Alhambra.