El primer día de declaraciones en el denominado Caso Mascarillas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería daba el pistoletazo de salida en el día de ayer con una ausencia destacada y una estrategia común entre los llamados ante el juez: el poco que decir. Después de que la investigación de una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia tuviera que modificar las fechas de las comparecencias en sede judicial.

El juez Rey Bellot esperaba a las 09:30h al exvicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, pero no pudo ser. La comparecencia del exdirigente provincial fue suspendida minutos antes de la hora señalada tras una petición de aplazamiento por motivos médicos que afectan a su abogado, José Luis Labraca, por lo que el juzgado debe establecer una nueva cita.

Desde primera hora, la Ciudad de la Justicia reunió a los letrados de las distintas partes personadas en una causa que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales, el blanqueo de capitales y la adjudicación irregular de contratos, con especial foco en un expediente de suministro de material sanitario en tiempos del COVID-19 que habría superado los dos millones de euros, en el marco de una supuesta trama político-empresarial en torno a la Diputación de Almería durante el mandato de Javier Aureliano García como presidente.

Líria, la sorpresa de la cita

La principal sorpresa de la jornada la protagonizó el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, considerado por la investigación una figura importante en la presunta trama. Aunque su comparecencia estaba fijada para el viernes 5 de junioi finalmente se adelantó a este jueves a petición de su defensa por motivos logísticos.

Liria acudió de forma discreta a los juzgados, lejos de miradas y medios de comunicación. Su actuación fue efímera, optando por acogerse a su derecho constitucional a no declarar, manteniendo así una estrategia de silencio cuando el procedimiento comienza a andar.

Según explicó su abogado, Pablo Luna, esta decisión responde a la espera de un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluirá el análisis de teléfonos y otros dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros. Según detalló el abogado, quien también representa a Ana Belén Martínez (también investigada), ex concejal de Huércal-Overa y esposa de Líria tenía prevista su comparecencia en esa misma jornada, por lo que solicitó al juzgado unificar ambas citas para evitar un nuevo desplazamiento, en un momento que además coinciden con las fiestas patronales de Granada, ciudad de origen del letrado.

Las cuentas de Kilian

En este contexto, el empresario catalán Kilian López Solé, uno de los principales investigados, sí compareció, aunque lo hizo por videoconferencia desde Barcelona y bajo una estrategia defensiva muy medida. Su declaración, fijada a las 11:45 horas, se limitó a responder únicamente a las preguntas de su abogado, sin someterse al interrogatorio del resto de partes.

El administrador de Azor Corporate Ibérica se reiteró íntegramente en lo ya manifestado en anteriores comparecencias, sin aportar nuevas explicaciones sobre el contrato de mascarillas. Su intervención se centró en defender la legalidad de su actividad empresarial, en especial el funcionamiento de su constructora Pulconal SL.

Durante su exposición, López trató de rebajar su papel dentro de las adjudicaciones públicas investigadas. Aseguró que el volumen de obra civil facturado a la Diputación representó apenas el 0,28% del total durante un periodo de cuatro años, calificándolo de “anecdótico”. Incluso afirmó que en ejercicios con presupuestos de hasta 45 millones de euros su empresa apenas resultó adjudicataria de un único proyecto.

A lo largo de la jornada también intervinieron varios empresarios, entre ellos un socio de Pulconal y otros radicados en Barcelona vinculados al sector de la importación, que, en sintonía con la línea general del proceso, optaron por responder únicamente a sus propios abogados. Respecto a la actuación del empresario catalán, la acusación considera que su declaración no ha tenido impacto en el desarrollo del procedimiento. “No hay nada nuevo, la situación es la misma que teníamos en autos”, señaló el abogado del PSOE, Javier Salvador, a la salida de los juzgados.

Piden el sobreseimiento para la mujer de Líria

La única que optó por declarar fue Ana Belén Martínez, esposa de Óscar Liria y ex edil de Huércal-Overa, quien centró su intervención en explicar la compra de un dúplex. Ante el magistrado sostuvo que la operación fue financiada exclusivamente con recursos propios y que el origen del dinero puede acreditarse sin vinculación alguna con su marido.

En este sentido, la defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa respecto a ella al entender que no existe responsabilidad penal alguna. “ No se puede ser culpable por ser familia de, hijo de, primo de o cuñado de nadie. La responsabilidad penal es personal”,

Desvinculación unánime del presidente

Otro de los elementos destacados de la jornada, por su repercusión política, fue la ausencia total de vínculos directos con el que fuera presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Según coinciden varias fuentes, los comparecientes negaron de forma unánime haber mantenido cualquier tipo de contacto, reunión o negociación con él, situando sus relaciones exclusivamente en otros interlocutores del entorno provincial, como el exvicepresidente y diputado de Fomento Óscar Liria.

Decepción en la acusación por falta de avances

Ante este escenario, la acusación popular que ejerce el PSOE de la mano del abogado Javier Salvador evidenció la falta de avances y asumió que la estrategia de los investigados pasa por no declarar o limitar al máximo sus respuestas, trasladando así el peso de la prueba a las acusaciones.

Aunque consideran esta postura legítima, advierten de que obliga a replantear el procedimiento, centrando ahora el esfuerzo en el análisis de la abundante documentación y en la solicitud de nuevas diligencias para tratar de