Desde el pasado sábado 11 de abril, el entorno del Consulado de Marruecos ha registrado una actividad inusual. Centenares de personas comenzaron a concentrarse a las puertas del edificio y, lejos de disminuir, la afluencia se ha mantenido constante hasta este lunes 13, último día antes de que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros la aprobación definitiva de la regularización. Durante tres días consecutivos, el ir y venir de ciudadanos marroquíes ha sido continuo en la Avenida del Mediterráneo, todos con un mismo destino: la sede consular del Reino Alauí.

Las escenas se han repetido con pocas variaciones. Largas colas rodeando la manzana en las primeras horas del día y, más tarde, grupos compactos frente a la fachada. La mayoría, con documentación en mano, aguardaba su turno. En algunos momentos, la tensión ha aflorado cuando algún usuario trataba de adelantarse, alterando una espera ya prolongada.

La actividad administrativa no se ha detenido en ningún momento y coincide con un contexto político especialmente relevante. En paralelo, el Gobierno de España ultima una regularización extraordinaria de personas migrantes que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas residentes en el país.

Vienen de otras provincias a Almería

Según las previsiones, la medida será elevada este martes 14 de abril al Consejo de Ministros para su último trámite antes de su aprobación definitiva. Tal y como ha adelantado el medio 'Demócrata', el Real Decreto que articula este proceso ya habría superado el trámite de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, quedando pendiente únicamente su validación por parte del Ejecutivo.

Tras el informe del Consejo de Estado, concluido el pasado jueves y remitido este viernes, el texto encara ya su tramo final de tramitación. Según fuentes conocedoras del dictamen, el órgano consultivo avala en lo sustancial la propuesta, si bien introduce una serie de mejoras de carácter técnico que en estas horas están siendo revisadas para su posible incorporación.

Almería se ha convertido en uno de los principales focos de tramitación de documentación dentro de la población marroquí en el contexto del proceso de regularización de personas extranjeras, según señalan fuentes cercanas a la oficina consular del Reino de Marruecos. Estas mismas fuentes apuntan a que ciudadanos procedentes de otras provincias están desplazándose hasta la capital almeriense para realizar sus gestiones, al considerar que el consulado de Marruecos en Almería estaría funcionando con mayor agilidad que otros de su entorno.

En este escenario, cabe recordar que serán únicamente cinco oficinas de extranjería en toda España las encargadas de recoger y tramitar las solicitudes vinculadas a este proceso: Almería, Alicante, Valencia, Madrid y Murcia.

Colas por un certificado de penales y 5 meses en España

Para poder acogerse al proceso de regularización de inmigrantes, es necesario cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, haber solicitado asilo antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una estancia continuada en España de al menos cinco meses antes de presentar la solicitud, además de encontrarse actualmente en el país. Asimismo, no se deben tener antecedentes penales ni policiales, ni suponer una amenaza para el orden, la seguridad o la salud pública. También es imprescindible no tener prohibida la entrada en España ni estar sujeto a un compromiso de retorno, así como haber abonado la tasa correspondiente al trámite.

A las puertas del Consulado de Marruecos en Almería, gran parte de la espera se centra en la obtención de esa documentación clave para poder avanzar en el proceso de regularización, especialmente el certificado de antecedentes penales y la acreditación de la estancia continuada en España durante al menos cinco meses. Estos documentos se han convertido en piezas esenciales dentro del procedimiento, junto al resto de condiciones exigidas, y motivan la concentración de personas que buscan reunir toda la documentación necesaria antes de presentar su solicitud.

En lo relativo a los antecedentes penales, el documento apunta a una cierta flexibilización del criterio general, aunque mantiene una condición de base inamovible: quedarían fuera del proceso aquellas personas con antecedentes penales o policiales, así como quienes puedan suponer un riesgo para el orden, la seguridad o la salud pública.

Cifras

El Ejecutivo calcula que el proceso extraordinario de regularización que se aprobará este mes podría movilizar alrededor de 750.000 solicitudes, si bien la previsión oficial reduce la cifra de beneficiarios efectivos a unos 500.000. Dentro de ese total, unas 300.000 personas accederían por la vía asociada a quienes han solicitado protección internacional, siempre que cumplan el requisito de haber entrado en España antes del 1 de enero de este año.

El resto, en torno a 200.000, correspondería a extranjeros que también llegaron antes de esa fecha y que puedan demostrar una estancia continuada en el país de al menos cinco meses en el momento de formalizar la petición.