La FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid y Reporteros Sin Fronteras rechazan los métodos denunciados por el director de elDiario.es y advierten de que pueden poner en peligro la libertad de información y la protección de las fuentes periodísticas.

Las principales organizaciones profesionales del periodismo español han expresado su apoyo al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, tras el episodio de presunta intimidación que denunció haber sufrido por parte de Okdiario. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han manifestado su preocupación por unos hechos que consideran especialmente graves al producirse entre profesionales de medios de comunicación.

El incidente tuvo lugar el jueves 29, cuando Escolar acababa de mantener una comida de trabajo con una de sus fuentes informativas, la abogada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García e investigada en el caso Leire Díez.

Según relató el propio periodista, al terminar el encuentro se le acercó un hombre que aseguró trabajar para Okdiario. Esta persona le comunicó que había estado fotografiándolo por indicación de Eduardo Inda, director de ese medio. Poco después, Escolar recibió un mensaje de WhatsApp de Inda con la expresión «jojo». El individuo también informó a la abogada de que el encuentro había sido fotografiado.

Los hechos ocurrieron el mismo día en que elDiario.es y otros medios publicaron que la empresa editora de Okdiario había financiado con 242.000 euros la defensa jurídica de Koldo García ante el Tribunal Supremo. Según la información difundida, esa cantidad se abonó al despacho de Leticia de la Hoz, quien presentó ante la Audiencia Nacional las correspondientes facturas y justificantes bancarios.

Horas después, Okdiario publicó las fotografías de la reunión entre Escolar y la abogada y cuestionó la información difundida por elDiario.es. El medio dirigido por Eduardo Inda sostuvo que se trataba de una noticia falsa basada en facturas cuyo concepto había sido manipulado.

Ante lo sucedido, Escolar solicitó el amparo de las principales asociaciones profesionales, al considerar que la actuación descrita constituía un intento de intimidación. El periodista defendió que reunirse con fuentes forma parte de la actividad informativa y distinguió esa práctica del seguimiento y la vigilancia de otros profesionales mientras desempeñan su trabajo.

Tras analizar la denuncia, las juntas directivas de la FAPE y la APM acordaron respaldar a Ignacio Escolar y condenar las actuaciones intimidatorias atribuidas a una persona que afirmó intervenir en nombre del director de Okdiario.

Ambas organizaciones decidieron, además, trasladar los hechos a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo para que examine la conducta denunciada y determine si resulta compatible con los principios éticos de la profesión.

En su comunicado conjunto, las asociaciones subrayan la necesidad de garantizar que los periodistas puedan investigar, contrastar informaciones y mantener encuentros con sus fuentes sin sufrir presiones ni amenazas.

También recuerdan que el secreto profesional constituye una garantía fundamental para el ejercicio del periodismo, ya que permite proteger a quienes facilitan información de interés público.

La FAPE y la APM consideran especialmente preocupante que estos comportamientos puedan proceder de otro medio de comunicación. En su opinión, las actuaciones destinadas a intimidar a periodistas o fuentes resultan incompatibles con el ejercicio responsable de la profesión y pueden dificultar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.

Las organizaciones han expresado asimismo su confianza en que, si corresponde, los hechos puedan ser examinados por la Justicia.

Reporteros Sin Fronteras España también ha rechazado las prácticas denunciadas y ha advertido de sus posibles consecuencias para la independencia del trabajo periodístico.

Su presidenta, Edith Rodríguez Cachera, considera que enviar a una persona para comunicar a un periodista y a su fuente que han estado siendo vigilados va más allá de una práctica informativa convencional y presenta un evidente componente intimidatorio.

Desde RSF destacan que la gravedad de la situación aumenta cuando ese comportamiento se atribuye a otro medio de comunicación, cuya actividad debería estar igualmente comprometida con la defensa de la libertad de prensa.

La organización advierte de que este tipo de actuaciones no solo afecta al periodista que las recibe, sino que también puede generar temor entre las fuentes, disuadirlas de facilitar información y obstaculizar la investigación de asuntos relevantes para la sociedad.

En este sentido, Rodríguez Cachera insiste en que las discrepancias entre medios, incluso cuando existen acusaciones de informaciones incorrectas, no justifican recurrir a métodos que puedan interpretarse como vigilancia o intimidación.

El Club Abierto de Editores (CLABE) se ha sumado a las manifestaciones de preocupación expresadas por las asociaciones profesionales.

La entidad ha mostrado su rechazo a que el seguimiento de periodistas o la obtención de imágenes de sus reuniones con fuentes puedan emplearse como instrumentos de presión para influir en la elaboración y publicación de informaciones.

Con estos pronunciamientos, las organizaciones periodísticas ponen el foco en la necesidad de preservar la independencia de los profesionales y garantizar unas condiciones de trabajo libres de intimidaciones.

El caso denunciado por Ignacio Escolar ha abierto así un debate sobre los límites de determinadas prácticas entre medios de comunicación y sobre la importancia de proteger la confidencialidad de las fuentes como uno de los pilares esenciales del derecho a la información.