El Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en España, un proceso que podría beneficiar a hasta medio millón de personas. La medida pretende dar permisos de residencia y trabajo, integrando a quienes llevan tiempo viviendo en el país y asegurando derechos que hasta ahora les eran negados. Pero mientras esta medida se pone en práctica, en Almería voces expertas en seguridad y extranjería advierten que ha llegado sin consultar a los profesionales que conocen de primera mano la realidad en las calles y oficinas, y que podría generar más problemas de los que resuelve.

En la provincia, donde se estima que entre 20.000 y 30.000 personas podrían acogerse a la regularización, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Almería, Javier Socías, ha expresado su preocupación por la forma en que se ha planteado el decreto. “No se ha contado con nosotros, que trabajamos día a día con extranjería, fronteras y documentación. Regularizar de esta forma genera inseguridad jurídica y un colapso casi seguro en la Oficina de Extranjería”, explica.

Según Javier Socías, en las regularizaciones anteriores en España sí se contó con la Policía y con los funcionarios expertos en extranjería, lo que permitió que los procesos se gestionaran de forma ordenada y segura.

Llegada masiva ante una oficina con retraso

De acuerdo con el dirigente del SUP en Almería, la Oficina Única de Extranjería de Almería, situada en la calle Marruecos, ya funciona al límite de su capacidad. Solo cuenta con seis funcionarios provisionales, incorporados tras la última reforma del reglamento de extranjería, y cuyo contrato vence en mayo.

El dirigente del SUP en Almería, reconoce que, con los refuerzos que han llegado a Extranjería en Almería, la oficina ha podido descongestionar mucho trabajo, y llevar solo un mes y medio de retraso con las tramitaciones de expedientes de residencia, pero, teme que, una vez estos funcionarios concluyan su periodo en la capital, la oficina sufra las consecuencias.  “Con este personal, que además no es suficiente ni permanente, afrontar un proceso masivo sería una locura. Ya ahora tenemos largas colas, retrasos y recursos policiales desviados de la calle hacia la oficina para mantener la seguridad”.

El SUP denuncia que el catálogo de puestos de trabajo policiales en Almería no se ha revisado en 20 años, pese al aumento de población y de responsabilidades en materia de extranjería. Esto no solo genera colapso administrativo, sino también riesgos indirectos de seguridad, porque los agentes de seguridad ciudadana deben cubrir funciones que deberían asumir los funcionarios de Extranjería.

Agravio comparativo entre migrantes y presión sobre el sistema

A juicio de Socías, el decreto también plantea un agravio comparativo entre migrantes que llevan tiempo viviendo en Almería y aún no han podido regularizar su situación. “Basta con acreditar que han vivido en España antes del 31 de diciembre de 2025 para acceder al permiso de residencia y trabajo, sin cumplir los requisitos que se aplican a quienes siguen los procedimientos ordinarios de arraigo o residencia”, señala el secretario general del SUP. “Es injusto para quienes llevan años cumpliendo condiciones más estrictas, pagando sus trámites y demostrando su arraigo. Ahora otros pueden regularizarse casi automáticamente”.

El sindicato alerta que esta situación afecta la percepción de equidad entre ciudadanos y migrantes y aumenta la presión sobre un sistema ya saturado: “Con la regularización se saturarán citas, expedición de tarjetas y controles policiales. La gente no tendrá dónde esperar, y los agentes de seguridad ciudadana deberán prestar servicio para controlar esas colas, lo que reduce su presencia en la calle y puede generar tensión social”.

Dudas sobre seguridad y "efecto llamada"

El SUP insiste en que la regularización es positiva y necesaria. Para Javier Socías, tener a todas las personas que viven en Almería identificadas y con permisos legales beneficia tanto a los migrantes como a la seguridad ciudadana, porque permite integrarlos en la economía formal y asegurar que sus derechos estén protegidos.

 “Nos interesa que todos los que están en territorio nacional estén regularizados y tengan su tarjeta, como cualquier ciudadano. Eso facilita la gestión y la identificación, pero al tiempo subraya que no se opone a la regularización, sino a cómo se implementa. Según Socías, “no sabemos los antecedentes de las personas que se van a regularizar, ni en España ni en sus países de origen. Hacerlo tan rápido puede generar un efecto llamada y favorecer a redes y mafias que ya operan en el tráfico de personas”.

También alerta que, con la regularización masiva, los agentes podrían ser desviados de patrullas y vigilancia de pateras u otras tareas de seguridad ciudadana hacia la Oficina de Extranjería, lo que afectaría la cobertura policial en la calle. Para el sindicato, la regularización necesita un marco ordenado, gradual y garantista, con diálogo previo entre policías, sindicatos, abogados y expertos.