El Consejo de Ministros autorizó este martes la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad “de vivir con igualdad de derechos”, así como responder a “una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía”, según explicaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Dado que se trata de un proceso dirigido a personas ‘sin papeles’ es difícil cuantificar el número de personas que se acogerá al mismo. Fuentes del Gobierno apuntan a unos 500.000 inmigrantes en toda España. Otras fuentes, en este caso políticas, indican la cifra de 80.000 personas en Andalucía y, en el caso de Almería, se apunta a que, como mínimo, “estaríamos hablando de 20.000 extranjeros.

Sin datos oficiales, el secretario provincial de Comisiones Obreras, Antonio Valdivieso, dijo a este periódico que las estimaciones del sindicato oscilarían entre 25.000 y 30.000.

Hace unos meses, el Servicio Jesuita a Migrantes de Almería apuntaba la cifra de 20.000 personas que solicitarían esa regularización. El dato, además, coincide con el número de tarjetas sanitarias que difieren entre la población censada en los 103 municipios almerienses y la documentación tramitada por el Servicio Andaluz de Salud. Cualquier inmigrante tiene derecho a tener esa tarjeta del SAS.

“La decisión del Gobierno nos ha pillado por sorpresa. Ahora estamos a la expectativa, pero a la vez celebrando este momento”, trasladó una fuente del Servicio Jesuita a Migrantes de Almería.

La Conferencia Episcopal Española se sumó a una iniciativa legislativa popular que pedía con miles y miles de firmas este proceso de regularización, que satisface también a organizaciones sindicales como Comisiones Obreras.

Organizaciones políticas como Podemos o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía inciden en que el proceso servirá para que “aflore” la mano de obra en el campo “que no cotiza a la Seguridad Social porque los trabajadores no tienen regularizada su situación laboral en España”.

El anterior proceso puesto en marcha por el Gobierno data del año 2005, hace dos décadas. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el número de solicitudes en la provincia de Almería superó las 25.000. Una tercera parte de los inmigrantes llegó desde Marruecos.

El proceso de ahora está dirigido a extranjeros que llevan al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

Se podrá solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.