La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre la presunta trama de fraude en las revisiones del gas. Los agentes estudian el número de víctimas y si hubo coacciones a los vecinos como amenazas de cortes de suministro si no se realizaban las revisiones ofertadas por las empresas, entre ellas una de la capital.

Existe un procedimiento administrativo sobre posibles impagos a la Seguridad Social y una proceso por presuntos delitos desarrollado por la Policía Nacional. La investigación ha señalado que las imputaciones corresponden únicamente a gestores de las empresas o a personas con cargos de responsabilidad y, contrariamente a informaciones iniciales, desvincula a los trabajadores de base de las imputaciones penales.