Decía esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, que si no llueve en los próximos catorce días el Gobierno se verá obligado a tomar medidas excepcionales. Pues bien, las previsiones para las tres próximas semanas ven pocas precipitaciones en la provincia, por no decir ningunas.

Así lo reconoce Eduardo Romay, del colectivo almeriense de analistas climáticos Cazatormentas, que señala que a la vista de los mapas y los datos que aportan los servicios meteorológicos europeos o americanos, el mes de febrero será casi absolutamente seco en el caso de la provincia almeriense.

La sequía

Aclara en todo caso que la meteorología no es una ciencia exacta y que aún cabe una pequeña esperanza de que a finales del mes pueda producirse un cambio de escenario que permita el tránsito de las nubes y que estas dejen agua en las resecas tierras almerienses, “pero a día de hoy no podemos ser optimistas y cerraremos uno de los periodos más secos de las últimas décadas”.

La cuestión es que en el otoño y primeros compases del invierno se recogen en Almería, por término medio, más del 30 por ciento del volumen total de lluvias que recibe la provincia a lo largo del año hidrológico (se inicia el 1 de octubre y se prolonga hasta el 30 de septiembre).

Se habla en esos casos de las medias históricas que este año, desde luego, no se han cumplido ni en cuanto las precipitaciones en forma de lluvias ni en la llegada de la nieve, un meteoro que brilla por su ausencia y cuya escasez es doblemente preocupante porque es la forma en la que se almacena agua de cara a la primavera y el verano, y la que permite la recuperación de los acuíferos al filtrarse con mayor lentitud que las lluvias.

Las consecuencias de la escasez son evidentes: el pantano de Cuevas está por debajo del 7% de su capacidad de reserva y el de Benínar apenas alcanza el 8%, insuficiente para atender la demanda de esta ya próxima primavera.

Las alarmas están en todo lo alto y la propia ministra para la Transición Ecológica ya anunciaba ayer, en Murcia, un plan para rebajar a la mitad el coste del agua desalada (0-36 euros) al no poder disponer de otros recursos.