El 15 de febrero de 1990 la Policía Local de Roquetas del Mar localizó en un viejo almacén de un cortijo situado en este municipio limítrofe con Vícar, a un grupo de niñas en edades comprendidas entre los 13 y los 16 años que estaba siendo sometidas a diversas prácticas exorcistas por parte de un autodenominado pastor de la Iglesia Evangélica de Filadelfia.

Los agentes municipales manifestaron que el local donde se llevaban a cabo estas prácticas se encontraba en unas pésimas e ínfimas condiciones higiénico sanitarias presentando un estado deplorable con colchones distribuidos por el suelo junto a restos de vómitos y pequeños rastros de sangre. A través de un equipo domestico de megafonía, por sus altavoces se emitían con un fondo musical, frases como "Sal demonio", "Expulsa el demonio" o “Ven Jesús". Las menores se arrastraban por el suelo fuera de sí y sufrían fuertes convulsiones, según manifestó en su día, Rafael Montoya, sargento jefe de la Policía Local de Roquetas.

El Juzgado de instrucción número 1 de Berja, que se hizo cargo de la denuncia instruida por la Guardia Civil, y el gobernador civil, Ramón Lara, aseguraron a la población de que no existían indicios de criminalidad en este tipo de hechos, al encontrarse en el marco de libertad de religión que ampara la Constitución española.

Fueron de Vícar quienes entre alarmados e intrigados ante la inusual presencia de coches y de gente en las inmediaciones del cortijo, denunciaron a la Policía Local de Roquetas haber escuchado durante la noche del día anterior una serie de gritos procedentes del viejo caserón desconociendo lo que estaba ocurriendo.

La Policía Local de Roquetas de Mar irrumpió en el cortijo y encontró a un total de dieciocho niñas, en edades comprendidas entre los 13 y los 16 años de edad, en un estado que calificaron de anormal, según redactaron en sus respectivos informes y atestados acerca de su actuación.

El médico que reconoció a las niñas, indicó que las menores llevaban más de veinticuatro horas sin ingerir alimentos y que su estado de salud física y psíquica podía peligrar y alterarse seriamente de mantenerse en esas condiciones. Junto a las menores se encontraba el pastor al que ayudaban en sus ritos otros adultos miembros de esta Iglesia. Las niñas sometidas a este tipo de ceremonia formaban parte de diversas familias residentes en diversos barrios almerienses, especialmente de Pescadería y Los Almendros donde la Iglesia Evangélica de Filadelfia tiene una importante implantación y cuenta con numerosos seguidores.

El pastor, un vendedor ambulante, casado y padre de diez hijos, se autocalificó en sus declaraciones a los medios de comunicación presentes como "Un siervo de Dios que llevaba diecinueve años de ministerio salvando a muchas personas que han estado poseídas por el demonio y que ahora son pastores como yo".

Procedente de la localidad murciana de “Los Campanos” no tuvo inconveniente en aplicar sus “conocimientos” en presencia de los periodistas que habían llegado hasta el cortijo para cubrir la información que despertó un general interés. Ante micrófonos, fotógrafos y cámaras de televisión, el pastor hizo una demostración del rito, consistente en presionar psicológicamente a las niñas, mediante gritos y mensajes grabados, para que las menores expulsaran al demonio de sus cuerpos.

El esfuerzo hacía que las pequeñas sufrieran vómitos que eran recogidos en varios cubos. Para el medico que las atendió, su estado de salud era bueno y no tenían un grave riesgo, aunque se encontraban debilitadas por el ayuno y los esfuerzos que estaban realizando.

Para la autoridad judicial la presencia de los familiares garantizaba que las niñas no sufrían daño alguno por este rito "que se inscribe dentro de la libertad de culto y que ampara nuestra Constitución".

El gobernador civil informado de la relación nominal de los menores y sus familiares afirmó que mientras no se produjeran daños no podía establecer la existencia o comisión de un delito.

Incluso fue mas allá, acusando a la Policía Local de Roquetas de haberse entrometido en este caso y obrar indebidamente en su intervención ya que el “caso” no se había producido dentro de su demarcación policial.