Duro balance del PSOE al mandato de Amat
Críticas al sistema de adjudicación de obras que siempre hacen las mismas 9 o 10 empresas

Diputados del Grupo Socialista en la Diputación durante la rueda de prensa.
El Grupo Socialista en la Diputación ha hecho un balance de la gestión del Partido Popular durante los meses que lleva al frente de la Institución provincial, tras las últimas elecciones municipales. Así, los socialistas han denunciado que la mayoría de los contratos de obras que está firmando el área de Fomento “recaen siempre en un grupo reducido de ocho o diez empresas”, lo que supone “un auténtico atentado a la oportunidad empresarial”, según lo ha calificado el portavoz del Grupo, Juan Antonio Lorenzo.
Disfunciones Durante el repaso realizado a las “disfunciones” que, según ellos, se están produciendo en las distintas áreas de la Diputación en los primeros meses del actual mandato, Lorenzo ha revelado que el equipo de Gobierno de Gabriel Amat “recurre de manera habitual a los procedimientos negociados sin publicidad -en los que la institución invita a tres empresas a que realicen ofertas- y curiosamente siempre se invita a las mismas”, ha afirmado el diputado.
El portavoz socialista ha asegurado que “no se entiende la fórmula que está siguiendo la Diputación” a la hora de elegir a qué empresas invita a participar en el concurso, ya que “cuando se programa una obra en un municipio, en lugar de acudir a las de la comarca, se está llamando a empresas de fuera e incluso ocurre que hay empresas que están cargadas de obras con la Diputación, que tienen varias en marcha, y el equipo de Gobierno las sigue invitando, en lugar de acudir a otras”.
150 empresas en la provincia
Según el diputado y también alcalde de Serón, “esto es algo que ya lo están diciendo las propias asociaciones empresariales: no puede ser que habiendo 150 empresas en la provincia de Almería con capacidad para contratar, haya 9 o 10, que siempre son las mismas, que estén haciendo las obras”, ha lamentado Lorenzo, antes de exigir que los procedimientos sean “justos e igualitarios para todo el tejido empresarial”.
Además, el portavoz socialista ha advertido de que su Grupo también ha detectado que se están produciendo “irregularidades graves en el cumplimiento de los plazos de ejecución, como que haya obras que se inician antes de la firma del acta de replanteo y otras que comienzan cuando el plazo de ejecución ya ha terminado”, ha explicado Juan Antonio Lorenzo.
En cuanto a los procedimientos de contratación abiertos, Juan Antonio Lorenzo ha avisado de que estas ofertas se están publicando en el Perfil del Contratante de la web de la Diputación, “porque la Ley de Transparencia de la Junta obliga a las administraciones”, pero la institución provincial “intenta seguir siendo opaca, ya que hace públicos los anuncios con muy poco plazo para presentar ofertas, de apenas dos o tres días”, lo que en la práctica termina impidiendo que las empresas puedan concurrir, ha asegurado.
Subvenciones arbitrarias
Por otra parte, el portavoz socialista también ha acusado al equipo de Gobierno de actuar “de manera arbitraria” a la hora de repartir las subvenciones directas, que “se están utilizando para procurarles una asistencia económica extra a ayuntamientos que casi siempre están regidos por el Partido Popular”.
En este punto, ha señalado el caso de Fines, al que la Diputación le ha dado 223.000 euros para instalaciones deportivas, “cuando no existe ningún plan de instalaciones deportivas en la Diputación”, y otros 50.000 para financiar su aportación al Programa de desarrollo energético sostenible, “mientras que los demás ayuntamientos, para conseguir una ayuda similar, tienen que acogerse a una orden de concurrencia competitiva”. “Nos alegramos por los vecinos de Fines, pero esto no es de justicia”, ha declarado.
En situaciones similares estarían el municipio de Oria, que ha recibido 86.000 euros para abonar sus facturas por abastecimiento de agua, y la entidad local de Fuente Victoria, que recibió 50.000 euros para hacer frente a las deudas que tenía con Endesa y otros proveedores. “Muchas de estas subvenciones van para pagar agua y luz, que son servicios básicos, pero ¿qué pasa con los demás ayuntamientos que nos preocupamos de ahorrar para poder pagar nuestras facturas?”, se ha preguntado.
Juan Antonio Lorenzo también ha criticado la tardanza del equipo de Gobierno en poner en marcha el Plan de Fomento del Empleo Agrario, que normalmente debería haber arrancado en el mes de agosto, y que se ha demorado hasta noviembre, dejando durante este tiempo sin jornales a más de 5.000 trabajadores de toda la provincia. “Se escudan en que no se había aprobado el convenio de la construcción, pero si todas las administraciones hubieran actuado igual, el país se habría paralizado”, ha dicho. Para Lorenzo ésta es una muestra de la “apatía” con que está gobernando el PP en la Diputación, como también lo son “el abandono que sufren algunos tramos de carreteras provinciales, como en Lubrín o Albanchez”, o que municipios como Lubrín, Tabernas, Instinción y Olula de Castro sigan sin tener solucionado el abastecimiento de agua potable.
Servicio sociales
Lorenzo ha advertido que la misma “dejadez” se está produciendo en el área de Servicios Sociales, donde “existe una carencia importante en lo relativo a recursos y, sobre todo, personal” que está “impidiendo que se pueda atender a los vecinos de manera eficaz y ejecutar, con la celeridad necesaria, los planes de emergencia social o los planes de la Junta de Andalucía relativos a la inclusión social, que requieren de informes de los trabajadores sociales”.
“En zonas como el Bajo Andarax o el Levante-Norte tenemos ejemplos de atascos en la atención a los vecinos como consecuencia del escaso personal con que la Diputación ha dotado a estos centros”, ha revelado Lorenzo. Para el portavoz socialista “la excusa para no contratar al personal necesario no puede ser que la Diputación vaya a perder las competencias con la entrada en vigor de la Reforma de la Administración Local, puesto que existe una carta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que comunica que, a partir del 1 de enero, la salud, los servicios sociales y la educación deberán seguir siendo prestados por las administraciones locales”. Como consecuencia, “la Diputación tendría que ser sensible a la situación actual y reforzar con dinero propio los servicios sociales”, según ha defendido el portavoz socialista.