La Diputación de Almería ya tiene aprobado su presupuesto para el año 2015. La cifra, dada a conocer por el PP hace unos días alcalza los 189,7 millones de euros sumando los organismos autónomos de la Institución provincial, y fue aprobado con los votos de los populares (18 diputados) y recibió el voto en contra de los dos partidos de la oposición, PSOE que tiene 7 diputados e Izquierda Unida que cuenta con uno. Tras una exposición “técnica” del diputado de Hacienda, Manuel Alías, que afirmó que  “el presupuesto ha crecido en 5,5 millones respecto al año pasado, consolidando la inversión en políticas sociales y culturales y haciendo una apuesta decidida por la promoción turística y económica de la provincia. El ahorro neto es de 14,4 millones de euros y se contará con una estabilidad presupuestaria positiva para 2015 de 7,7 millones de euros”, se pasó al debate en el que como estaba previsto no hubo acuerdo. El vicepresidente, Javier Aureliano García, defendió las cuentas porque “crean empleo” y aseguró también que “no hay mayor plan de empleo que el que está haciendo la Diputación porque en lo que va de Corporación se han adjudicado 78 millones de euros y eso significa que se han creado 600.000 jornales. Ninguna administración de la provincia ha sido capaz de crear esos jornales ni adjudicar obras por ese dinero”.

Oposición
Para la portavoz del PSOE, Esperanza Pérez, los presupuestos son “papel mojado”, y afirmó que “calificar este presupuesto de inversor es cínico y preocupante porque las inversiones se reducen” Además, afirmó que el grado de ejecución de los Planes Provinciales “es preocupante” ya que la cifra apenas supera el 13%. Igualmente lamentó que se mantengan las subvenciones nominativas “que reparte el equipo de Gobierno de manera discrecional”. Izquierda Unida criticó igualmente “que las adjudicaciones de obras se hagan de forma externa sobre la opción de administración directa, que permitiría generar más empleo en los pueblos del interior de la provincia, permitiendo contratar a más vecinos” y señalaron que “la propuesta del PP de transferir las bajas de adjudicación de los contratos a las aportaciones que deben realizar los Ayuntamientos está repercutiendo de forma negativa en el salario y condiciones laborales de los trabajadores de la construcción, la mayoría subcontratados por las grandes empresas licitadoras”.