La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha archivado la causa contra el investigado en la presunta trama de fraude electoral ligada al voto por correo de las elecciones municipales de Mojácar (Almería) en 2023, en este caso por "beneficiar" supuestamente al PP, con el que tenía vínculos a nivel orgánico.

El titular de la Plaza 4 de órgano judicial acordó el sobreseimiento de la pieza separada contra este investigado mientras que la causa principal continúa para el resto de involucrados, más de una decena de personas a las que se atribuye un delito de fraude electoral en favor del PSOE. Entre ellos se detuvo a los números 2 y 5 de la candidatura del PSOE de Mojácar, Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno, respectivamente.

La investigación judicial por posibles delitos de fraude electoral y prevaricación sobre el funcionario municipal se inició ante las acusaciones de otro de los investigados, quien señalaba que el funcionario le habría solicitado el voto a cambio de una "remuneración económica", según han trasladado a Europa Press fuentes judiciales.

No obstante, para el juez instructor, dicha declaración, además de ser la única sobre ese supuesto ofrecimiento, no fue de suficiente entidad como para sostener la causa contra el investigado, quien negó los hechos y aportó un testigo que corroboró su postura.

La Audiencia de Almería ratificó en noviembre del pasado año el archivo de las actuaciones contra el investigado a pesar de que la acusación apuntó que había indicios de posibles "infracciones", con personas que habrían recibido ofertas de empleo para bolsas de trabajo o planes de empleo de la Junta "a cambio de votar al PP" en las elecciones de 2023.

En este sentido, el tribunal de apelación entendía en relación a dichas acusaciones que el recurso no podía prosperar puesto que, en este caso, la investigación se centraba en la supuesta "remuneración económica" ofrecida al testigo que lo señaló y que, durante la instrucción, no se ha visto acreditada con nuevos indicios.

Cabe recordar que aunque el investigado fue detenido, su arresto no se debió a este caso sino a una requisitoria que pesaba sobre él debido a una condena por un delito de receptación ante la adquisición de un saxofón robado en un establecimiento hostelero de la zona.

La causa principal continúa bajo instrucción judicial a la espera de recibir nuevas pruebas en el marco de unas diligencias en relación al PSOE por las que inicialmente se llegó a investigar a diez personas de cuatro nacionalidades distintas.

Las detenciones tuvieron un desarrollo posterior durante la jornada electoral, cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio.

La investigación de origen se inició a raíz de la denuncia de la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que posteriormente se sumaron otras de particulares. Así, en el marco de la misma el juez que autorizó la intervención del teléfono de, al menos, uno de los candidatos del PSOE, quien aparecía señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia germen de la operación.

La desarticulación de una supuesta trama para la compra de voto por correo entre residentes de origen latinoamericano en el municipio se saldaba con el arresto de siete personas, la imputación a otras tres, y la incautación de "abundante" documentación indiciaria en la decena de registros que se practicaron en domicilios y locales.

En las primeras horas, buena parte de las pesquisas se orientaron a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos habían mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.

En los registros, los agentes se incautaron de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos. Los implicados en la presunta trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos esta se elevaría a 200 euros, según las pesquisas iniciales.