La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, ha explicado en el Parlamento que, tras acordar el Consejo de Gobierno levantar la suspensión cautelar de la financiación a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), estas entidades “pueden disponer, con carácter inmediato, de 15,3 millones de euros para hacer frente a pagos a promotores en concepto de incentivos a las inversiones realizadas”.

Además, podrán percibir hasta un total de 13,3 millones de euros para gastos de funcionamiento, según ha añadido la consejera de la Administración regional, quien ha subrayado el apoyo del Gobierno andaluz a los GDR y al desarrollo rural de “nuestros pueblos”.

Elena Víboras ha contrapuesto esta apuesta “sin paliativos” de la Junta de Andalucía a la política del Partido Popular, “a la vista del bocado brutal e incomprensible de 258 millones de euros que han dado al desarrollo rural de Andalucía en la reforma de la Política Agrícola Común”, ha señalado la representante.

La titular de la agricultura andaluza ha recordado que la Junta ha adoptado las “medidas correctas, que están dentro de la normalidad, de la legalidad y los cauces habituales”, después de que en abril de 2013 los mecanismos rutinarios de control del Gobierno regional detectasen errores en la justificación de algunos pagos de los Grupos de Desarrollo Rural.

Sistemas de control

La Administración autonómica explicó ayer en una nota de prensa que, según lo previsto en los procedimientos habituales para estos casos, se inició un proceso de mejora de los sistemas de control acorde con la normativa comunitaria y que incluyó un conjunto de actuaciones correctoras entre las que se incluía la cautela temporal. “Esta suspensión temporal ha finalizado tras emitirse el informe favorable del órgano de certificación que verifica la corrección de dichas incidencias”, destacaron ayer fuentes de la  Administración autonómica.

El pasado 2 de abril la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, señaló durante su intervención en comisión parlamentaria que la suspensión de pagos a los Grupos de Desarrollo Rural  respondía a una “medida cautelar obligada por la normativa europea, debido a que se han detectado algunas incidencias relacionadas con errores administrativos en la forma de justificación”. Se trata, por tanto, de una actuación temporal que afecta solamente a dos medidas de las cinco en las que intervienen estas entidades, concretaba