Un grupo de expertos entre cardiólogos, neurólogos, hematólogos, médicos de familia, geriatras, farmacéuticos y enfermeros han configurado, a nivel nacional, la   Red La salud del paciente, por delante con el propósito de defender el uso de los llamados anticoagulantes orales o de segunda generación. Y es que “sólo tres de cada diez pacientes que deberían recibir los nuevos anticoagulantes orales los están recibiendo”.
Así lo ha asegurado Diego Vargas, responsable del grupo de Anticoagulación de la Sociedad Española de Medicina General y médico de El Toyo, que propone que “la evidencia científica se aplique a la práctica clínica” y no se perjudique la salud de los pacientes. Igualmente, este experto que desarrolla su labor profesional en Almería, explica que evitar, de entrada, un mayor coste a la sanidad (el nuevo fármaco es más caro que el Sintrom), acaba por salir más caro.

40.000 en Torrecárdenas Y es que un paciente con ictus cuesta al sistema público de salud unos 27.000 euros, sólo en el primer mes, reconoce Vargas, que como miembro de la Red, ha desglosado en un encuentro celebrado esta semana en Sevilla los beneficios de los nuevos anticoagulantes orales para aquellas personas que padecen fibrilación auricular. Un número elevado de pacientes, dado que sólo el hospital Torrecárdenas tiene controlados a más de 40.000 personas con arritmias auriculares “enganchados” a anticoagulantes tradicionales como el Sintrom.
Un fármaco éste último que obliga a un control sanitario estricto y que provoca efectos secundarios que los nuevos anticoagulantes orales eliminan. Así las cosas, la relación coste-beneficio de los fármacos de segunda generación es beneficiosa.
No obstante, el Ministerio de Sanidad acordó su aplicación a un número concreto de pacientes anticoagulados y que son aquellos con un mal control del Sintrom o que han sufrido ictus o hemorragias previas, entre otros.
El problema, denuncia la Red de expertos a la que pertenece el almeriense Diego Vargas, es que en la práctica “existen una serie de barreras que impiden su prescripción”. De hecho, tanto él como otros especialistas sanitarios han denunciado este tipo de barreras que dejan fuera de esta terapia (en algunos casos también preventiva) a miles de pacientes, sólo en la provincia de Almería.
Entre los problemas que han señalado  apuntan, por ejemplo, que “el tratamiento anticoagulante convencional puede reducir el riesgo de sufrir ictus hasta un 65% de los casos en las mejores series estudiadas, pero si, a pesar de la terapia, no se alcanza ese control adecuado, la probabilidad de padecer un ictus en el transcurso de un año, aumenta de un 2 a un 20% en función de los factores de riesgo asociados al paciente”.
Eliminar barreras prescriptivas no sólo supone salvar vidas y reducir morbilidad en pacientes anticoagulados, sino también reducir costes al sistema sanitario a medio y largo plazo.

Ensayo clínico en Almería Se da la circunstancia, además, de que más de una treintena de pacientes almerienses participaron desde 2007 en los ensayos clínicos previos a la puesta en el mercado de los nuevos anticoagulantes orales. Su control se llevó a cabo por la Unidad de Hematología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas y, entre otras voces defensoras de unos fármacos “más seguros, cómodos y eficaces”, se alzaba, por ejemplo, la del cardiólogo Manuel Vida.