La Diputación Provincial de Almería (PP) estudia nuevos documentos en su investigación sobre la presunta malversación de fondos en el denominado Caso Facturas. Javier Aureliano García, actual vicepresidente, confirmó ayer en rueda de prensa que la auditoría de los gastos gestionados por el anterior equipo de gobierno sigue activa e incluye a otros órganos de la Diputación ajeno al Patronato de Turismo. “No nos fiamos”.

Javier Aureliano García evitó entrar en detalles sobre la instrucción judicial e insistió en su ofrecimiento a colaborar con la Fiscalía, incluso en una hipotética declaración ante el juez en calidad de testigo. Su papel es clave en el asunto, ya que fue él quien aportó las 105 facturas presuntamente irregulares que impulsan el procedimiento y cuyo importe asciende a unos 460.000 euros.

No obstante, el vicepresidente de la Diputación lanzó un aviso a navegantes sin necesidad de mencionar a anteriores dirigentes socialistas. “El Caso Facturas falsas está abierto, no se ha quedado cerrado”.  Habrá más.

Preguntado sobre si existen facturas distintas a viajes o de órganos ajenos al Patronato  Provincial de Turismo que estén bajo sospecha, respondió que “se está trabajando en este asunto”. “Estamos a disposición de la Policía Judicial para entregar los documentos que nos pidan”, apostilló.

La comparecencia de Javier Aureliano García llega sólo un día después de conocerse las medidas cautelares para Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación, María Teresa González, ex secretaria, Javier Guerrero, gerente de la agencia Leitour Viajes, y Joaquín Conde, responsable de Publifiestas Conde.

El instructor Luis Durbán impone fianzas entre los 6.000 y los 12.000 euros para eludir la prisión provisional y da un plazo de depósito hasta el próximo 29 de julio.   En este sentido, fuentes jurídicas aseguran que sólo hubo medidas cautelares para estas cuatro personas y no para otros imputados (hay diez en total), como indicaban informaciones iniciales.

La investigación del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería concentra ahora su atención sobre el origen de las facturas y el rastro de las cantidades presentadas como fraudulentas. Hace una semana el magistrado solicitó a la Policía la investigación de las cuentas bancarias de María Teresa González y su hija M. R. R.

En la declaración del pasado miércoles el magistrado trató el conjunto de las facturas como falsas. No obstante, la autoría resulta más conflictiva teniendo en cuenta los testimonios de los protagonistas. A saber, Luis Pérez Montoya dice que sólo visaba unos documentos cuyo detalle y gestión eran responsabilidad de otros funcionarios y María Teresa González subraya que sólo cumplía órdenes de sus superiores y que desconocía las ilegalidades.

Además, el último de los imputados en el caso, el empresario Joaquín Conde, acusado de recibir pagos en efectivo de la supuesta trama, se desmarcó de la emisión de facturas irregulares. “Todas las facturas son fruto de su trabajo y son perfectamente legales”, señala su letrado, Juan Marfil. En esta línea, el empresario se ofreció voluntariamente para la realización de pruebas caligráficas ante un perito judicial y ya se le han tomado muestras para su cotejo.

Al margen de la instrucción judicial, el Caso Facturas propicia un cruce de declaraciones entre PSOE y PP. El vicepresidente de la Diputación pidió ayer al secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, su dimisión por asegurar que las facturas falsas no eran reales.

Mientras, Teruel respondió que “busca el daño político más que saber la verdad”. “Aureliano quiso trasladar que los socialistas habían derrochado el dinero público en fiestas y juergas y, por lo que se ve, el caso va por otro sitio”.