La reforma de la PAC, que cumple sus últimos trámites antes de llegar al Parlamento Europeo a principios del mes de julio, preocupa al sector agroalimentario almeriense por el recorte en los fondos comunitarios, pero más en lo que se refiere a las medidas que se destinarán a mejorar los mecanismos de los mercados.
Para analizar las cuestiones relacionadas con la propuesta de reforma, en la que trabajan a tres bandas el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la Junta de Andalucía reunió ayer en Almería a cerca de doscientos representantes del sector, una cita a la que acudía la directora general de Agricultura y Alimentación, Judith Anda.
Tres puntos centran el posicionamiento de la Junta y de la mayor parte del sector: por una parte la exigencia de que no se reduzcan las ayudas, elemento esencial para el mantenimiento de la renta y que pueden sufrir un recorte del 31 por ciento de mantenerse la propuesta actual. De otra que las ayudas se vinculen a la producción, puesto que Andalucía acapara más del treinta por ciento de la producción española. Y un tercer elemento que se considera de importancia y son las medidas encaminadas a mejorar la gestión de los mercados, a establecer exenciones a las normas de la competencia para permitir que se fijen precios mínimos para evitar la venta por debajo de costes de producción, y a establecer mecanismos de control de los mercados globales para evitar abusos de posición dominante o prácticas que atenten contra los productores.
En la implementación de las normas y de las ayudas será importante el papel del Estado y Judith Anda confía en que el ministro de Agricultura sea sensible a las demandas del sector hortofrutícola cuando, en el próximo mes de julio, defina las líneas maestras de la aplicación de la PAC en España.
Andalucía recibe cada año en torno a los 2.000 millones de euros y el objetivo sería el mantenimiento de esas ayudas porque “de ellas dependen cerca de 300.000 puestos de trabajo directos, otros muchos indirectos y un sector productivo preparado para competir en los mercados”. El recelo llega a la hora de definir el reparto y es que se rechaza el pago por superficie y se pide que se vincule a la producción.