Este es el relato de cómo pudo producirse la presunta malversación de casi 300.000 euros de dinero público de una cuenta de la Junta de Andalucía que la propia Administración autonómica ha puesto en conocimiento de la Justicia. 
 
Los hechos
A finales de enero de este año, una jefa de servicio de Medio Ambiente advierte a sus superiores de la existencia de una cuenta del BBVA en la que aún figuraban como firmas autorizadas el exdelegado Clemente García (cesado en julio de 2010) y el exsecretario de la delegación Augusto Segura. La Junta de Andalucía es la titular, y en ella se ingresaba el canon cobrado a particulares por aprovechamientos públicos forestales. La cuenta  no estaba fiscalizada por Intervención. Los ingresos tampoco se hacían según cauces reglamentarios, mediante el impreso 046, por lo que no quedaba constancia administrativa.
La delegación pide los movimientos bancarios y descubre que hasta noviembre de 2012 se han estado haciendo retiradas de dinero de forma regular mediante cheques al portador, sin que nadie sepa del destino del dinero. Tras una reunión con los dos jefes de servicio concernidos y con el funcionario Miguel Gallardo, con firma durante un tiempo en la cuenta, la secretaria emite el 29 de enero un informe advirtiendo de la gravedad de los hechos. El 1 de febrero, el delegado actual, José Manuel Ortiz Bono, presenta denuncia por malversación.

Los protagonistas
Una de las personas autorizadas para firmar los cheques era el exdelegado Clemente García Valera, que durante dos años siguió con poder de firma, a pesar de no tener ya ningún cargo en la delegación.  Los otros autorizados en las cuentas, en distintos momentos, son el citado Miguel Gallardo, el funcionario Francisco Javier Torres y el exsecretario de la delegación, Augusto Segura. Ninguno de los dos delegados de Medio Ambiente posteriores, Sonia Rodríguez y José Manuel Ortiz, tuvieron firma.
¿Quién extendía los cheques? La investigación interna de la Junta precisa que los cheques al portador los extendía Miguel Gallardo a requerimiento de los entonces delegado y secretario general, según la versión que este da a la secretaria de la delegación.

Las fechas
La cuenta no había registrado salidas de dinero durante años, hasta el 2 de marzo de 2009. A partir de ese día se inician los reintegros de manera regular, que se prolongan hasta el 28 de noviembre de 2012, es decir, casi cuatro años.
La cuenta es antigua, fue abierta en los tiempos del antiguo ICONA (desaparecido en 1995). En algún momento, con las reorganizaciones de departamentos, cambia de utilidad y se destina a los ingresos del canon forestal. El 85% de esa tasa -cobrada a cazadores, madereros y otros particulares que aprovechan recursos forestales públicos- es para el ayuntamiento, el 15% para la Junta, que tiene que destinarlo a mejoras en los montes públicos. Durante los últimos ocho años no se ha hecho ninguna inversión con ese dinero.

Las cantidades
Cuando se iniciaron los reintegros de dinero, el saldo de la cuenta bancaria era de 279.837,62 euros. Cuando se cortaron a finales del año pasado, quedaban 20.224,40 euros.  Los intereses generados por la cuenta se traspasaban a otra cuenta bancaria.

El procedimiento
El dinero se sacaba a través de cheques al portador. En estos casi cuatro años han sido más de un centenar los talones presentados para retirar fondos. La gran mayoría lo eran por cantidades algo inferiores a 3.000 euros, cantidad a partir de la cual los bancos estaban obligados a identificar al portador (en la actualidad es menos). Hay, no obstante, dos talones por mucha más cantidad, unos 40.000 euros cada uno.

El destino
Cuál ha sido el destino del dinero es la gran pregunta a la que tendrá que responder la investigación judicial. El asunto ha llegado al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que ha llamado a declarar –por el momento- al exdelegado Clemente García, al actual delegado, José Manuel Ortiz, y al funcionario Francisco Javier Torres. La Junta, denunciante de los hechos, se ha personado como parte perjudicada.