El Ayuntamiento de El Ejido celebraba ayer sesión plenaria de carácter ordinario con 21 puntos en el orden del día. Más de cuatro horas de debate municipal que permitió, entre otras muchas cuestiones, dar luz verde inicialmente a la esperada ordenanza sobre la gestión de los residuos en el municipio, que, en primer lugar, significará la apertura del demandado punto limpio de la ciudad (terminado hace más de tres años) y, en segundo lugar, tal y como explicaba el edil de Obras Públicas, Ángel Escobar, recoge cuestiones como “la gestión de los residuos domésticos, la de los residuos de construcción, en las vías públicas y, por último, el régimen sancionador”.

Aunque todos los grupos de la oposición mostraron su ‘satisfacción’ por el hecho de que El Ejido vaya a contar con una ordenanza municipal que regule la gestión de los residuos, hay ciertos aspectos de este documento que llevaron a PSOE, UPyD e IU a votar en contra.

PSOE pide más papeleras
El Grupo municipal del PSOE, a través de su portavoz, Guadalupe Fernández, criticó la tardanza en la puesta en marcha del punto limpio, pero sobre todo, lamentó “la falta de papeleras que hay en el municipio una vez que no estás en el bulevar”. Para Fernández, “necesitamos más inversión en mobiliario urbano y más flexibilidad en otras cuestiones”, haciendo referencia a un punto de la ordenanza sobre la limpieza de la vía pública que obliga a cualquier privado o partido político que quiera repartir octavillas tener que comunicarlo al Ayuntamiento y pagar una fianza como seguridad de que esos papeles luego no estarán esparcidos por las calles del municipio.

Para el PSOE “no se puede castigar a un comerciante porque 10 o 15 de sus octavillas están en el suelo debido a la inexistencia de papeleras o porque alguien no se la ha guardado en el bolso”.

El portavoz de UPyD, Francisco Fernández, coincidía con la argumentación del PSOE, y recalcaba en considerar muy inoportuno “el pago de una fianza”. El portavoz de IU, Serafín Pedrosa, calificaba la situación de ‘kafkiana’, y consideraba como “una forma de ir contra la libertad de expresión que te limiten el número de octavillas”.

El alcalde, Francisco Góngora, respondía a estas críticas, reconociendo, primero, que “es verdad que faltan papeleras”, y comprometiéndose a solventar la cuestión. Respecto a la obligatoriedad de tener que comunicar y pagar una fianza para repartir octavillas, el alcalde, matizaba que “el reparto masivo de octavillas es sucio. Y no queremos un pueblo sucio. Porque si todo el mundo pudiera hacerlo cómo estaría el pueblo entonces”.

Elsur: el protagonista
Las últimas noticias respecto a la Empresa de Servicios Municipales Elsur, sobre las negociaciones del Ayuntamiento con el socio privado Abengoa Water, marcaron toda la sesión plenaria.

Primero con la presencia de trabajadores de Elsur en la sala quienes al final del pleno pudieron intervenir y hablar con el alcalde. Y además, porque todos los grupos políticos (PSOE, PAL, UPyD e IU) preguntaron durante su turno de ruegos y preguntas sobre esta cuestión. La oposición teme que estas negociaciones conlleven tanto el despido de trabajadores como que Abengoa Water privatice el agua. El alcalde reconoció que “si no siguiera Abengoa probablemente nos veríamos obligados a sacar a licitación (el agua) porque no tenemos recursos para las intraestructuras hidráulicas y porque no nos vendría mal para poder seguir pagando sueldos”.

Por su parte los trabajadores también insistieron en continuar con el expediente de rescisión del contrato con Elsur, a lo que el primer edil reiteró su compromiso de municipalizar el máximo de servicios posibles agotando primero la vía de la negociación con Abengoa Water para buscar así que prime el interés general.