Un folio improvisado sobre la plancha de mármol de la Ciudad de la Justicia indicaba ayer a los interesados el inicio de un macrojuicio contra el narcotráfico. Los 26 imputados y sus abogados dejaron pequeña la Audiencia Provincial que, por primera vez, pide apoyo a la nueva sede de los juzgados unipersonales para encontrar una sala de vistas acorde a la dimensión del asunto. Quizás una ensayo general del futuro proceso contra los encausados en la Operación Poniente.

El juicio se aplazó ayer, como anticipaban las partes, pero abre las puertas a un caso de enorme relevancia. La Fiscalía solicita 170 años de cárcel para los imputados, tres de ellos guardias civiles, y sospecha de la participación en la preparación de los alijos de trabajadores del Puerto de Almería todavía no identificados.

La investigación se remonta a principios de 2009 y se centra en una red de tráfico de hachís con ramificaciones en el norte de Marruecos. Según la acusación fiscal, los capos son dos ciudadanos magrebíes conocidos como ‘El Viejo’ y ‘El Largo’. Estarían presuntamente encargados de conectar a los productores de la droga con las rutas de distribución en la provincia de Almería, así como buscar logística para los alijos, incluida “la cobertura en tierra, en algunos casos, de agentes de la Guardia Civil”, según el escrito fiscal.

Los medios de introducción de hachís eran diversos. El informe menciona lanchas rápidas, embarcaciones de recreo y camiones. Una intensa investigación de casi un año realizada por la propia Guardia Civil y apoyada después por Vigilancia Aduanera destapó tres intentos de alijar en Almería con los recursos mencionados. En abril de 2009 una parte de la banda preparó un cargamento de 2,5 toneladas destinado al Puerto de Roquetas de Mar. Tras contactar con el propietario de un barco -siempre según la Fiscalía, basada en la investigación policial- los presuntos traficantes recogieron la droga en alta mar, en Alborán, y regresaron a tierra. Cuando se disponían a trasladar los 80 fardos a un camión apostado en las inmediaciones, una espectacular operación del Instituto Armado frustró el plan.

Segundo envío

No obstante, los cabecillas no fueron capturados y sólo un mes más tarde ya organizaban un segundo envío. El escrito del Ministerio Fiscal sitúa en este punto la entrada en escena de los que llama “agentes corruptos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Para facilitar la ejecución del ilícito tráfico (...) fueron preparando la cobertura de seguridad de las operaciones contactando con los agentes de la Guardia Civil”, dice la acusación. Dos de ellos estaban en el Servicio Marítimo de la Comandancia de Almería y el tercero, sin destino, fue arrestado en la Región de Murcia. “Eran conocedores de los turnos de guardia y rumbo de las patrulleras”, alega el fiscal.

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