Una juez ha abierto causa penal para investigar presuntas amenazas al portavoz del PP de Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, por parte del empresario procesado por la supuesta adjudicación a dedo de proyectos por un montante económica de casi 1,5 millones de euros durante la etapa del exalcalde socialista José García, también procesado.

El Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa ha acordado, asimismo, en un auto, dictar una orden cautelar de alejamiento contra el citado empresario, F. S.G., quien no podrá acercarse al concejal del PP, a su familia, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 200 metros, así como comunicarse con ellos por cualquier medio. En la grabación realizada por Pérez, el empresario le advierte que “como mi mujer vaya al médico te juro que hasta aquí hemos llegado” y le reprocha que “no tienes corazón, te has reído de mi madre. Hasta aquí hemos llegado”.

El constructor le recuerda que “tienes dos hijos igual que yo y sabes lo que es sufrir por unos hijos”. En la resolución judicial, que extiende en el tiempo hasta que se resuelva la causa por presuntas amenazas y apercibe a F. S.G. de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no cumple, la juez recoge que el empresario albojense podría haber cometido un delito de amenazas siempre en virtud de lo relatado por Pérez Quiles en su denuncia ante la Guardia Civil. “No tengo un céntimo, no tengo nada que perder”, dice en la grabación el investigado.

Denuncia de Pérez
En concreto, el auto recoge que el empresario se habría acercado en la medianoche del pasado día 20 de marzo al concejal cuando este llegaba a su domicilio y que, en “tono amenazante”, le habría “insultado, advirtiéndole de que había llegado a su límite”. En su resolución, que extiende en el tiempo hasta que se resuelva la causa por presuntas amenazas y apercibe a F. S.G. de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no cumple, la juez recoge que el empresario podría cometido un delito de amenazas en virtud de lo relatado por Pérez Quiles en su denuncia.

La juez Consuelo María Martínez considera “proporcionada y procedente” la medida de alejamiento ya que dispensa con ella “una efectiva protección a la víctima”. F. S.G. está procesado como cooperador necesario en la causa en la que se acusa al exalcalde socialista José García de haber adjudicado hace dos legislaturas “a dedo” proyectos por un montante de casi 1,5 millones de euros y de “falsear presuntamente, con posterioridad, para ocultar esta ilegalidad”, los expedientes que se hicieron sin la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos años atrás.