El alcalde de Berja, Antonio Torres (PP), tendrá que declarar en calidad de investigado (antes imputado) ante el Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad por un presunto delito de prevaricación urbanística, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Torres, que ha sido citado para testificar ante el juez el próximo 23 de marzo, habría permitido la construcción de una nave hortofrutícola y de una estación de servicio sobre un suelo urbanizable que debió ser recalificado para un uso industrial, y no rectificó más tarde a pesar de que un informe jurídico municipal advertía de su ilegalidad, tal y como señala la denuncia.

La acusación, impulsada por el portavoz local de UPyD Antonio Álamo, censura la “no gestión” del Ayuntamiento en estos terrenos, situados en el sector I3 del paraje de La Tomillera, al no actuar ante un expediente que califica de “ilegales” estas obras. Álamo señala en su denuncia que la construcción de la nave y la estación de servicio sobre suelo urbanizable, requería previamente de la transformación de ese suelo en urbano, así como su adecuación para un uso industrial, tal y como establece la ley. El alcalde, que dirige a su vez la Concejalía de Urbanismo, habría permitido sendas construcciones saltándose el marco legal. La Fiscalía Provincial de Almería, que ve indicios punibles en la investigación, se ha personado en la causa, tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Dos empresas
Las dos empresas, que a día de hoy están en funcionamiento y dan empleo a decenas de personas, pertenecen a una misma sociedad y ocupan unos 2.000 metros cuadrados de un total de siete hectáreas disponibles. Álamo recuerda que su denuncia, que se remonta a mayo de 2015, no va “contra ninguna empresa”, sino que vela por “los intereses generales y no por los de un único propietario”, para lo que hubiera sido necesario “un desarrollo normal y legal del polígono”.

El denunciante considera que la presunta actitud permisiva del regidor ha beneficiado a la empresa en detrimento de las arcas públicas. “Todo el sector está sin desarrollar, no se han delimitado las calles ni las parcelas, tampoco se han cedido las zonas verdes, y el Ayuntamiento no cobra por la ocupación del suelo”, mantiene Álamo, quien considera que la sociedad promotora “no puede tener licencia de obras porque ese suelo no es apto para esa actividad”.

Instrucción compleja
El fiscal, que en febrero de 2016 solicitó la toma de declaración del arquitecto y la técnico municipales para el esclarecimiento de los hechos, requirió en mayo del pasado año que la instrucción fuera declarada compleja ante el riesgo de que pudiera expirar.