Coincidiendo con los actos de celebración del "Día Internacional del Trabajo Social" hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha ordenado que se paralice la aplicación de la Ley de Reforma de la Administración Local por considerar que las competencias no pueden desligarse de los ayuntamientos. Como trabajador social puedo afirmar que, sin duda, la administración natural para la prestación de estos servicios es aquella que se encuentra más próxima a las personas y que, por tanto, los ayuntamientos deben seguir manteniendo sus puertas abiertas hacia las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
En concreto, el Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de la disposición transitoria segunda que establecía que “con fecha 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirían la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. 
En Almería, la alegría es doble porque periódicamente asistimos al penoso hecho de ver cómo el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento trata de lavarse las manos en asuntos relacionados con la prestación de servicios de carácter social. De hecho, si no fuera por la Junta de Andalucía estoy convencido de que los programas de familia, personas mayores, comunidad gitana, personas migrantes o personas sin hogar, que, hoy por hoy, son los pilares sobre los que se basa la prestación de servicios sociales en esta ciudad, no existirían tal y como los conocemos.
Dicho esto, los técnicos y trabajadores del área de Familia del Ayuntamiento, profesionales sobradamente preparados, no habrán tenido mucho que celebrar este día porque en las últimas semanas han visto, por enésima vez, cómo afecta a los usuarios y a ellos mismos la descoordinación por la ausencia de criterios claros sobre los objetivos que se persiguen y los procedimientos.
Por más que le pese y le cueste entender a los populares, la realidad es que este equipo humano encuentra serias limitaciones para llevar a cabo su trabajo de una forma coordinada y eficaz, y para atender correctamente a la población, en especial a aquellos sectores más desfavorecidos y, a la vez, más necesitados de unas políticas claras, eficaces y operativas en los múltiples problemas socio-económicos, laborales y familiares que presentan.
Entre tanto no se resuelven las normas del nuevo sistema de financiación autonómico y local, celebremos el pronunciamento judicial por el cual corresponde a Administración Local hacerse cargo de los asuntos relacionados con la prestación de servicios sociales, independientemente de que se puedan establecer convenios con la Junta de Andalucía, como los que ya existen en la actualidad en el Ayuntamiento de Almería. 
A partir de ahora y hasta que no se dicte lo contario, el Área de Familia del Ayuntamiento  deberá hacerse a la idea de que tiene que tomar la iniciativa en la prestación de servicios sociales en esta capital, y poner norte hacia lo que tiene que ser una atención del siglo XXI. No podemos aceptar que la propia concejala se conforme, afirmando que “los servicios sociales no han evolucionado al mismo ritmo que las demandas y necesidades sociales de los ciudadanos" porque las instituciones, máxime los ayuntamientos, deben crecer al ritmo que lo hacen los problemas de la gente, y que eso ocurra sólo está en su mano.
Por ello, desde el PSOE, no tenemos más remedio que aplaudir la decisión del Constitucional que ha cargado de sentido común la política local, devolviendo a su lugar de origen aquellas competencias que le son propias.