El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha admitido finalmente que el Gobierno bipartito (PSOE-IU) no va a publicar el listado de personas físicas y jurídicas contra las que hay resoluciones definitivas de reintegro al no haber justificado las ayudas para la formación. Y por lo que parece, el hombre no pasó demasiado mal rato al anunciar esta demostración de opacidad por parte del gobierno que rivaliza en transparencia con las manufacturas cristaleras las fábricas bohemias. Genio y figura. Quien hace tiempo fuera capaz de proclamar –sin asomo de rubor- que la primera edición de la Extreme Series Sailing in-the-morning (otro cerrojazo, por cierto, de la Junta) había congregado ¡a 60.000 visitantes! en Almería capital, este  modestísimo paso atrás se la debe traer al pairo. Y es que en eso del “haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga” hay que reconocerle a la Junta de Andalucía notabilísimas habilidades. De hecho, fue la mismísima presidenta, doña Susana Díaz, la que el pasado mes de septiembre anunciara en el transcurso del Debate sobre el estado de la Comunidad, la puesta en marcha de un llamado “Portal de la Transparencia”, que en palabras textuales de la presidenta que nos lleva en el corazón “permitirá que cualquier andaluz, a través de un simple clic del ratón de su ordenador, pueda conocer con claridad la totalidad de los contratos y subvenciones otorgados.” Llámenme loco, pero en vista de las decisiones que luego toma el gobierno de la Junta, me parece a mí que el anuncio de doña Susana puede englobarse dentro de ese amplio concepto que entendemos por “mentira”. Pero lo peor, a mi juicio, no es que una señora investida de una potestad heredada mienta en sede parlamentaria. Lo peor es que los andaluces ya ni nos inmutemos ante la constatación del engaño. Hemos asumido la mentira como un rasgo propio del manual de estilo de su gobierno. Y eso es terrible.