Desde aquella mañana del 20 de octubre de 2009 en la que decenas de agentes de la policía y de la Agencia Tributaria tomaron El Ejido casi por asalto para desarticular la mayor red de corrupción de la provincia han pasado dieciséis años. Más de 5.800 días y, todavía, el Caso Poniente deberá esperar más de un año, como mínimo, para que se dicte la última palabra.

Después de 16 años, los treinta y dos condenados por aquella malversación de 58 millones de euros según consta y a la vista de los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, continúan instalados entre la espera acomodada en el disfrute de lo malversado- ninguno ha devuelto ni un solo euro -, la esperanza de que, al final y por esos extraños caminos de las dilaciones indebidas, puedan eludir la cárcel y la soportable incertidumbre que provoca el pensamiento de “ si nos hemos librado de cumplir la condena hasta ahora, quién dice que no podamos continuar la espera”.

Doctores tiene la Iglesia y jueces el Derecho Penal que, sin duda, encontrarán en los desfiladeros de la instrucción y los recursos los argumentos que expliquen y justifiquen una tardanza tan inusitada en el cierre definitivo de un proceso en el que los saqueadores de las arcas públicas- 58 millones de euros, no lo olviden- estaban capitaneados por quienes más estaban obligados a defender su gasto. El alcalde y el interventor.

Los desfiladeros jurídicos avalarán los dieciséis años transcurridos (y los que aún faltan) desde aquella mañana de octubre. Pero lo que el papel y la norma soporta no tiene necesariamente que ser soportado por el sentido común. Que el Caso Poniente esté tardando más en recorrer el camino de los procedimientos judiciales que la masacre del 11 M, por poner solo un ejemplo revelador, es incomprensible. La distante magnitud de una causa frente a la otra es tan abrumadora que, cuando menos, no deja de sorprender.

Una sorpresa que induce a un interrogante inevitable: ¿Por qué en algunos casos la Justicia transcurre con un ritmo razonable y, en otros como del que hablamos, la lentitud alcanza una tardanza exasperante? ¿Qué causa o causas provocan que algunos procedimientos seguidos en los juzgados de la provincia no puedan quedar resueltos en los tiempos que las garantías judiciales prevén?

Líbreme el dios del sentido común adentrarme en ese laberinto de razones que asistirán a jueces y funcionarios judiciales o periciales para justificar el tiempo trascurrido y por transcurrir hasta que se cumpla la máxima del Derecho Romano en la que se proclama que “Roma locuta, Causa finita”. Pero es ese mismo sentido común el que induce a pensar que algo no se hizo bien. Dieciséis años y los que quedan son tantos días que no puede haber causa o causas razonadas en las que poder asentar la justificación de tanto tiempo transcurrido.

La elogiable rapidez con que algunas instancias judiciales de Madrid, desde los de Instrucción a la Audiencia Nacional o al Supremo, están investigando determinados procedimientos y, desde la otra orilla, la lentitud con que se instruyen y se sentencian los procedimientos en la periferia de las provincias, lo que evidencia es que la disponibilidad de medios es tan desigual que provoca estas tardanzas tan abrumadoras.

Mañana se cumplen 16 años de aquella mañana en la que las fuerzas de seguridad desarticularon la mayor red de corrupción de la provincia. Y todavía continuamos esperando la sentencia definitiva.