La lectura de nuevas y cotidianas revelaciones acerca de casos de corrupción induce a pensar que España se ha convertido ya en lo que en Italia se conoce por "Tangentópolis". El reino de las comisiones ilegales. Los partidos políticos que desbordando las funciones que les asigna la Constitución han invadido todos los ámbitos de poder de la vida del país se han tornado empresas extractivas que para mantener a sus miles de cargos y empleados, sus locales abiertos y poder pagar sus costosas campañas electorales, recurren a este tipo de prácticas. Guardamos en la memoria episodios estelares en los que en el fragor del debate parlamentario a algún político se le calentaba la boca y descubría el pastel. "Ustedes tienen un problema; ustedes tienen el problema de 3%" -le espetó Pasqual Maragall a Artur Mas"- aludiendo al porcentaje de las supuestas comisiones que beneficiaban a CiU a partir de determinadas adjudicaciones de obras. En otras ocasiones ha sido un contable despechado, o un concejal al que dejaban al margen de la mordida o la más reciente, de todas: los llamados "papeles de Bárcenas", ex tesorero del PP. Todas llevan el agua al mismo sitio: a las cajas opacas de los partidos. La lista es larga y tan llamativa como la desvergüenza con la que algunos políticos tratan de marear a la justicia al tiempo que desvían la atención de la opinión pública señalando casos similares de corrupción que infaman a los partidos contrarios. Tengo para mi que hemos llegado a un punto en el que para seguir creyendo que España es un Estado de derecho habría que apoyar más a los jueces en su difícil tarea de hacer justicia. Apoyar a los jueces y animar, también, a los fiscales para que cumplan con su misión extremando la diligencia para poder hacer cumplir la ley y acabar con la corrupción que está minando nuestra democracia. Ya digo, es la hora de los jueces.