Uno de los argumentos que más y mejor juego político ofreció a Partido Popular y Ciudadanos durante la última campaña electoral fue el anuncio de supresión o máxima bonificación del mal llamado impuesto de Sucesiones y Donaciones, esa herramienta legal para el atraco del esquilmado ciudadano andaluz. Volver a pagar por lo ya pagado es a todas luces una imposición tan injusta como excesiva, que ha obligado a muchos andaluces a renunciar a la herencia inmobiliara dejada por sus esforzados padres.

De ahí el interés del nuevo gobierno por cumplir lo prometido y activar desde el inicio de su mandato la eliminación de tan penosa medida. Pero hay otras herencias que se han de asumir, se quiera o no. Me refiero al capítulo final de jugadas sobre la bocina que los salientes equipos de gestión socialista han puesto en marcha en el dintel mismo de la puerta de salida, tratando de colocar, sostener o prolongar situaciones favorables o de privilegio para algunos trabajadores y empleados de la Junta.  Quién sabe si con la idea de atornillar a la maquinaria administrativa andaluza un buen número de afines y deudores de favores que no favorezcan el engranaje de gestión de los nuevos dirigentes. De hecho, la Consejería de Salud y Familias que dirige Jesús Aguirre (PP) ha tenido que pedir “lealtad” a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras comprobar que, pese a que el relevo en la cúpula es ya una realidad, cada día se siguen publicando en el BOJA nuevos nombramientos de cargos intermedios a dedo.

Tanto es así que la viceconsejera de Salud, Lina García, ha tenido que ordenar a la directora del servicio, Francisca Antón -a ustedes les sonará porque durante muchos años ejerció como gerente del hospital Torrecárdenas- que paralice de inmediato todos los nombramientos que se están produciendo en Salud desde que se conoció el cambio de gobierno por entender que se trata de designaciones políticas. Eso sí que es un impuesto de sucesiones.