Creo no equivocarme si aseguro que millones de españoles estarán de acuerdo con el encabezamiento del presente artículo. Hipocresías aparte, que algún progre siempre estará dispuesto a servir a la audiencia, la inmensa mayoría de los españoles observamos atónitos como el derecho primero y fundamental de un estado, que es el reconocimiento de su propia existencia y el respeto a su espacio físico, está siendo conculcado día sí y día también por avalanchas de extranjeros, sin que el estado, adormecido por un “buenismo” demagógico que se ha inoculado en la sociedad, ejerza, en su legítimo derecho de autodefensa, todo el poder que la crítica situación demanda.

Que nadie se escandalice por lo que digo. No se trata de ser receptivos o no con los extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en nuestro país. Es mucho más que eso. Es la propia aceptación de nuestra condición de nación y estado política y jurídicamente organizado. Si nuestras fronteras no son respetadas significa que no ejercemos el control sobre nuestro territorio, condición indispensable para la propia existencia de las naciones. Una nación no existe políticamente hasta que no ejerce el poder sobre un espacio físico y establece entre los ciudadanos que lo ocupan los controles y normas que fijan las leyes.

La inmigración forzada por parte de extranjeros que actualmente sufre nuestra frontera en Melilla y Ceuta especialmente, no debe aceptarse con resignación y el falso y conformista sentimiento de una moralina solidaria. El continuo asalto a nuestras fronteras no es sino una evidente y consciente agresión por parte de personas que de facto no están reconociendo nuestro estado.

En diversos momentos de la historia han existido movimientos masivos de pueblos que se han desplazado desde sus lugares de origen a otros en los que llegaron a saber que existían mayores y mejores recursos económicos. Sucedió notoriamente en Europa con las llamadas invasiones bárbaras entre los siglos cuarto y quinto d.C. Constituyeron aquellos movimientos poblacionales la desaparición de una cultura de siglos, la cultura greco-romana, y un retroceso en la evolución política y científica que tardaría mucho tiempo en superarse.

Desde luego la invasión masiva que entonces se produjo no es comparable a lo que actualmente ocurre, ¡Pero lógicamente porque existe un mar por medio! Si la frontera natural del Mediterráneo no existiera, sin duda una gran parte de los 1500 millones de habitantes que viven en África ya habrían emprendido el camino hacia Europa.

Los extranjeros que ilegalmente y usando métodos violentos ingresan a la fuerza en nuestro país deben ser expulsados inmediatamente. En “caliente” es lícito y necesario detener a cualquiera que haya cometido un delito. Asaltar un estado violentamente es un delito. En caliente debe ser detenido y expulsado al otro lado de la frontera de donde precede o a su país de origen quien cometa este delito. Al estado, se nos ha dicho siempre, le está permitido el uso de la violencia contra la violencia si los ciudadanos somos del país, una norma que debería de aplicarse igualmente para aquellos que vienen de fuera.

Todo esto no quiere decir, ni mucho menos, una oposición frontal a la inmigración. Los inmigrantes, de lo que tanto sabemos los españoles, deben aceptarse en función de las necesidades y posibilidades de nuestro propio país. Los que lleguen deben hacerlo bajo unas condiciones previamente pactadas y por consiguiente en un marco legal establecido. Desde luego esos serán bienvenidos y reconocidos como legales. Los otros los que vienen a la fuerza forzando nuestras fronteras, son evidentemente ilegales y deben sufrir las consecuencias de su conducta.