Los lamentables episodios del barrio madrileño de Lavapiés suponen un hito inexcusable en la ya larga trayectoria de disparates que jalona la actuación de los sedicentes “ayuntamientos de progreso”. Las combinaciones y pactos post-electorales que alumbraron la llegada de las llamadas mareas y confluencias de diverso pelaje a alcaldías de importantes capitales españolas, nos habían permitido descubrir las capacidades escénicas y propagandísticas de quienes piensan que gobernar es ideologizar y gestionar es impresionar al personal. Hasta ahora, la cosa había quedado en un amplio despliegue de ocurrencias, de majaderías y de gestos para la galería que han provocado el estupor y el bochorno de muchos ciudadanos, perplejos ante unos alcaldes y concejales absortos en un permanente ejercicio de impostación y chafardeo sufragado con el dinero público. Sin embargo, los penosos sucesos de Lavapiés van a marcar un antes y un después a la hora de evaluar el paso de estos “colectivos del cambio” por las alcaldías. Nunca antes se había visto el inquietante espectáculo que protagonizaron los concejales de la alcaldesa Carmena, actuando desde sus cuentas en las redes sociales como agitadores de disturbios, propagando deliberadamente bulos y falsedades con el fin de desacreditar a las fuerzas de orden público y crear el ambiente social irrespirable que tanto les inspira. Adoquines, destrozos y saqueos. Y al frente de todo, una regidora ausente, inútil y claramente superada por los acontecimientos, demostrando todo lo que pueden esperar los ciudadanos de semejante pandilla de simuladores del cargo. Intentar convertir la muerte accidental de un inmigrante en la excusa para soliviantar e incendiar la convivencia pacífica es un gesto miserable sin paliativos. Y no es el momento de pedir que nadie dimita. Es el momento de exigir responsabilidad y sentido de la ciudadanía a quienes, con pactos y acuerdos de despacho, han puesto el bastón de mando de importantes capitales españolas en manos indeseables.