“Más de 300 niños afectados” por los retrasos de dos institutos en Roquetas

No es una demanda ni una necesidad nueva, detrás hay una promesa electoral y poca realidad.

Parte de la comunidad educativa y padres del municipio de Roquetas de Mar vuelven a reactivar la reclamación de la construcción de dos institutos en Las Salinas y Las Marinas. El crecimiento de la población en estas dos zonas del municipito hacen necesarias estas nuevas instalaciones.

Tras las últimas protestas por parte de familias afectadas, asociaciones de padres y plataformas ciudadanas, el Partido Socialista en Roquetas pone cifras a esta demanda. "Desde el PSOE se calcula que en estos momentos hay unos 180 niños  afectadas por el retraso del IES de Las Salinas y otros 140 en Las Marinas, hablamos de más de 300 familias a las que el Ayuntamiento debe respaldar y trasladar a la Junta la urgencia de ambos proyectos”, explica el concejal socialista Rafael Torres.

Mientras estos dos institutos son una realidad en el municipio, los alumnos viven otra: "En ambos casos, así como en otros centros educativos, se han instalado barracones prefabricados", afirman desde el PSOE. 

El caso más alarmante, asegura el PSOE a través de una nota de prensa, es el del IES de Las Marinas, donde ya ni queda espacio para instalar más módulos prefabricados y habrá que buscar otras soluciones ante la demanda de plazas.

Una preocupación que aumenta, según señalan desde el Grupo Socialista, con la cercanía de los preparativos del próximo curso. 

"Lo que más preocupa a los padres y madres es que no hay ninguna información sobre dónde ni cómo se van a cursar los próximos cursos”, aseguraban hace unos días las familias afectadas en un comunicado conjunto. "Llevamos dos años con esta situación y como mínimo nos quedan dos cursos más", lamentan, a la vez que anuncian protestas ante la delegación de Educación de la Junta de Andalucía para pedir el inicio de las obras y la planificación de los próximos cursos.

Desde el PSOE de Roquetas se le pide al alcalde, Gabriel Amat, que defienda “el interés general de los vecinos” ante esta pasividad por parte de la Administración autonómica, tal y como hacían ante los gobiernos socialistas.