“Los vecinos me han llamado durante estos meses 'funcionaria' por la calle; ahora no sé dónde meterme”. Así resume una de las opositoras la situación creada tras la revisión del proceso de Tramitación Procesal, que ha dejado fuera de la lista de aprobados a decenas de aspirantes de toda España, entre ellos al menos una almeriense, meses después de su publicación oficial por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio publicó el pasado 11 de mayo el acuerdo por el que, tras admitir un recurso de alzada, anula una pregunta del tercer ejercicio —de ofimática— de las oposiciones. Esto ha modificado la lista de aprobados, que también volvió a publicar, y ha provocado que más de una treintena de aspirantes -de momento- hayan quedado fuera. 

La decisión llega a los ocho meses del examen —celebrado en septiembre de 2025—, y más de tres meses después de la publicación de la lista de aprobados y de quienes habían superado el proceso, difundida el 4 de febrero.

Hasta primeros de mayo, ninguno de los opositores incluidos en la lista tenía conocimiento del recurso, ya que no fueron informados de su admisión, ni tuvieron posibilidad de intervenir en el procedimiento como posibles perjudicados.

Planes y decisiones

Durante estos meses, muchos habían dado por cerrada una etapa de años de esfuerzo. Compartieron la noticia con familiares y amigos, hicieron planes personales y profesionales e, incluso, tomaron decisiones económicas confiando en obtener una plaza en la Administración. Además, la mayoría no se inscribió en la nueva convocatoria, al entender que el proceso ya había concluido.

Cerca de una treintena de afectados se han organizado ya en un grupo de WhatsApp para estudiar todas las vías legales posibles, incluido el recurso contencioso-administrativo. Sostienen dos argumentos principales: la supuesta incorrección en la anulación de la pregunta y la “indefensión” e “inseguridad jurídica” que, a su juicio, les ha provocado no haber sido informados ni haber contado con trámite de audiencia.

Asimismo, los sindicatos CSIF y STAJ han reclamado al Ministerio medidas para evitar perjuicios. CSIF considera “inaceptable” la falta de transparencia en la tramitación y resolución del recurso y propone mantener la lista de aprobados publicada el 4 de febrero, incluir también a quienes superen ahora la nota de corte y crear plazas adicionales para evitar que los afectados pierdan su plaza.

Una almeriense

Entre los perjudicados se encuentra la almeriense María Ángeles C., quien ni siquiera fue capaz de reunir fuerzas para hablar por teléfono con este periódico. “Estoy muy afectada y me pongo a llorar”, reconoce.

De ahí a que nos describa por escrito su situación, con “impotencia”, después de cuatro convocatorias “quedándose a las puertas” y de pensar que este año, “después de tanto esfuerzo por fin había conseguido plaza". 

“Ya estaba pensando qué destino podía pedir y mirando el precio de la vivienda, o dónde eran más asequibles los alquileres. Tenía previsto celebrarlo con la familia... Y de pronto enterarte por redes sociales de todo esto... es impresentable lo que han hecho”, se lamenta.

Tampoco se inscribió en la próxima convocatoria al considerar resuelto el proceso. Por todo ello, asegura que llegará “hasta el final” en la batalla judicial iniciada por los afectados. “Tengo 55 años; por eso lo vivo con más intensidad. Solo pienso que cuando consiga la plaza ya estaré cerca de jubilarme”, afirma.

Un coche a plazos

Otras opositoras relatan situaciones similares. Ainara R., de Málaga, una de las impulsoras del grupo de afectados, lleva años preparando oposiciones tras una trayectoria laboral inestable, hasta que apostó completamente por este camino, llegando incluso a permanecer un tiempo sin ingresos. Tras lograr la plaza, tomó decisiones que no habría adoptado sin ella: "Me he comprado un señor coche… que voy a tener que pagar durante seis años."

Ainara señala la “falta total de información y transparencia”, el “desconcierto absoluto” y la rapidez con la que se produjo el cambio. Subraya la dificultad de explicar la situación a su entorno, el desgaste emocional acumulado y la sensación de injusticia. “Después de todo lo que nos ha pasado, cambian las notas en dos días. ¿Cómo explicas esto a la gente? Primero, es que nadie lo entiende o no te cree. Yo ahora no quiero hablar con nadie, la verdad", dice.

"Es una locura. Si lo hubiera sabido, no me presento. Ahora no me da la cabeza ni para estudiar ni para hacer vida normal”, concluye.

También Paula B., criminóloga de 25 años, interina en Barcelona y aspirante a regresar a Sevilla con plaza fija, denuncia la “poca fiabilidad” del Ministerio y el fuerte impacto emocional en el que vive tras conocer la 'noticia'.

 “Daba el proceso por finalizado y tenía planes de volver a casa y esperar la toma de posesión en familia”, explica. El impacto, asegura, ha sido muy duro, con "episodios de ansiedad que también han sufrido otros compañeros, que en algunos casos han acabado en las urgencias de un hospital". 

Como otros afectados, ella está también dispuesta "a todo lo que sea". "Y por supuesto llegar al contencioso si es necesario, y no parar de pelear por lo que todos consideramos que ha sido un robo".

Las oposiciones del "esto no es posible"

Cuando Ainara afirma que esta decisión llega “después de todo lo que nos ha pasado”, se refiere a un cúmulo de adversidades, anomalías y errores del tribunal que se arrastran desde el final del examen en este cuerpo. 

La publicación de las notas en Nochebuena será recordado siempre por muchos opositores, al igual que el hecho de que la lista dejara fuera una pregunta y restara un punto a un buen número de ellos. 

Sin embargo, la admisión de este recurso cuando ya se habían publicado los aprobados y el proceso seguía su curso —con pruebas de idiomas en distintas comunidades— tiene escasos precedentes.

Además, estas vicisitudes se producen en un contexto aún más complejo, con un gran número de procesos selectivos sin resolver, en el que se encuentran inmersos cerca de 12.000 opositores -según datos del Ministerio- que siguen sin plaza en muchos casos más de dos años después de aprobar unas oposiciones.

Los afectados por este recurso en Tramitación, por ejemplo, cumplen ya ocho meses desde el examen sin que la lista de aprobados haya sido aún publicada en el BOE.