Las redes sociales arden desde hace meses, desbordadas de mensajes de indignación, incertidumbre y frustración de miles de opositores e interinos de los cuerpos generales de Justicia que permanecen atrapados en una gigantesca y kafkiana telaraña burocrática tejida por el Ministerio, aunque con la ‘colaboración’ necesaria de comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de personal.

Casi 12.000 personas están afectadas en toda España – decenas, quizás cientos, de Almería, aunque las fuentes consultadas coinciden en la dificultad de ofrecer datos provinciales- por los retrasos en la resolución de una maraña de hasta 12 procesos selectivos que comenzaron en 2022, de forma que muchas de ellas cumplen ya hasta dos años sin tomar posesión de la plaza que consiguieron con su esfuerzo al aprobar unas oposiciones.

Este caos comenzó con el proceso de estabilización convocado conforme al Real Decreto 408/2022 por exigencia europea para reducir la elevada tasa de temporalidad en la Administración española. Cerca de 6.000 interinos siguen al día de hoy a la espera de tomar posesión de la plaza que les corresponde por este conocido como “concursazo”, adquirida en concurso de méritos (más de 4.900) o concurso-oposición (algo menos de 1.000). Este proceso ha sido para todos los consultados por este periódico, la gran clave del enorme bloqueo actual.

Pero la resolución del ‘concursazo’ no debe servir de excusa, si tenemos en cuenta que en otros ministerios se ha resuelto en mucho menor tiempo. En cualquier caso, el retraso en su resolución ha acabado arrastrando a otros procesos selectivos que se ven obligados a esperar a que esas casi 6.000 plazas estén adjudicadas para resolver las suyas. Entre ellos se encuentran los 5.245 opositores que consiguieron plaza en las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2023 y 2024, tanto en promoción interna como libre de los cuerpos de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal. Todas las mencionadas suman 11.245 plazas, pero a ellas hay que añadir los concursos de traslados también pendientes.

Muchos de los afectados se han unido en grupos en las redes, donde informan de las actuaciones individuales y colectivas que hasta ahora se han puesto en marcha para quejarse o denunciar su situación, bien por los propios perjudicados o por sindicatos. Como resultado, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación, se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Castellón y se han presentado innumerables quejas ante los responsables ministeriales. Los opositores se plantean incluso presentar una demanda contencioso-administrativa.

Por si todo lo anterior no fuera poco, en Andalucía se ha añadido una complicación de última hora de consecuencias imprevisibles, después de que a raíz de una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA se haya acordado la suspensión cautelar de la adjudicación de destinos de funcionarios, que podría dar lugar a retrasos aún mayores, incluso de muchos meses más, según fuentes sindicales.

Los opositores

El desmesurado retraso ha dado lugar a que algunos de los perjudicados ni siquiera puedan llegar a ocupar nunca esa ansiada plaza fija: muchos de ellos se han jubilado en estos últimos años, e incluso hay personas que han fallecido, como ha sucedido recientemente a un interino de más de 60 años de Almería pendiente del ‘concursazo’.

Aunque todos los que esperan a su toma de posesión están siendo perjudicados, puede ser que los que objetivamente se encuentren en peor situación sean los opositores que superaron las pruebas de acceso libre de la OEP de 2023, quienes se examinaron a finales de septiembre de 2024, puesto que muchos de ellos están sin trabajo y solo a la espera de que se les adjudique su plaza. Y lo peor es que las previsiones más optimistas estiman que esto no ocurriría hasta el próximo junio, es decir 21 meses después de las pruebas.

Entre los que superaron las oposiciones libres de septiembre de 2024 se encuentra la malagueña María Pérez, quien poco después del examen trabajó como interina durante dos meses en un juzgado de Almería. Ella logró la plaza después de intentarlo desde 2018 y de casi tres años como interina en Cataluña, y por lo tanto sabe perfectamente el esfuerzo y el trabajo que se necesita para conseguir la plaza. 

“Esta situación es vergonzosa, no me puedo comprar una casa, no puedo echar raíces, que fue para lo que volví a Andalucía. Ahora llevo una vida totalmente diferente a la que tenía cuando aprobé, y eso que no tengo ninguna carga familiar. Pero estoy sin mi plaza, ni su sueldo, solo esperando”, se lamenta. 

Eso sí, María ha sabido aprovechar como nadie la insoportable espera, haciendo 'doblete': tras aprobar Auxilio en Cataluña, ha hecho lo propio al año siguiente en Tramitación Procesal, y además con una excelente calificación, esta vez en la convocatoria de Andalucía.

Aunque la situación de los que siguen como interinos mientras aguardan la plaza pueda ser mejor que la de quienes no tienen trabajo, sus circunstancias personales también pueden ser duras, pues la temporalidad les sigue afectando, no solo en su vida social y familiar, sino también laboral. “Yo dependo absolutamente de mi plaza, porque cuando me la den tendré que marcharme y hacer la vida en otra comunidad autónoma, y sin mi pareja porque él trabaja en Almería, de forma que ahora cumplo dos años sin poder planificar mi vida”, dice Loli Pérez, quien trabaja desde 2023 como interina en el cuerpo de Gestión en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja.

Ella se presentó al concurso-oposición del plan de estabilización y se examinó el 2 de marzo de 2024, de forma que en breve cumplirá dos años con la incertidumbre de no saber siquiera dónde tendrá que ir, puesto que se presentó por las plazas del Ministerio, no de Andalucía, aunque es almeriense. 

Loli llega a tomarse a broma su situación: “La gente muchas veces piensa que es mentira, que no he aprobado ninguna oposición, pues ni la familia se cree que puedan tardar dos años en darte la plaza”. Pero también concluye que lo que está sucediendo “es una auténtica vergüenza”.

El Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia ha informado del calendario previsto para poner fin de una vez por todas a los procedimientos pendientes. Y su objetivo es muy claro: el de “finalizar todos los procesos dentro del presente ejercicio”, según afirma en un escrito dirigido a La Voz de Almería. Este es un plazo que muchos de los opositores afectados firmarían con los ojos cerrados.

Respecto al proceso de estabilización y los cuerpos generales, el Ministerio expone que en la actualidad se está en el proceso de adjudicación de destinos, de forma que “en los próximos días se va a publicar la adjudicación de destinos del cuerpo de tramitación concurso de méritos (2.095 plazas). A su vez se van a ofertar los destinos al cuerpo de gestión (705 plazas) y al de auxilio (2.115 plazas), con la previsión de que estén adjudicados al 31 de marzo, es decir, para esta fecha ya habrían tomado posesión de su destino un total de 4.915 opositores”.

“Todos ellos -añade- son interinos que regularizan su situación de temporalidad. Durante el mes de abril se ofertarán y adjudicarán las plazas de los tres cuerpos del concurso oposición, un total de 996 opositores, también interinos”.

Por su parte, “las plazas de promoción interna y turno libre de la OEP 23 se ofertarán durante mayo y se adjudicarán antes de julio, habiéndose publicado la última resolución el 27 de enero de 2026”.

En cuanto a la OEP 24, Justicia informa de que “la promoción interna ya ha finalizado y los destinos se ofertarán en septiembre”; mientras que “el turno libre todavía está en curso” y por tanto aún no se pronuncia sobre el momento en el que los opositores que se examinaron el 27 de septiembre de 2025 podrán tomar posesión de sus plazas.

El Ministerio de Justicia expone, por último, que “durante 2025 se convocaron dos concursos de traslados, incluyendo todas las vacantes disponibles, con el objetivo de ofrecer el mayor número de puestos posible tanto a funcionarios en activo como a nuevos ingresos”.

La Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía tiene asumidas las competencias de personal de Justicia, y por tanto es coprotagonista administrativo y político en este asunto. Consultada por este diario, la Consejería de Justicia reclama al Ministerio, “como competente de las ofertas de empleo público del personal funcionario de la Administración de Justicia y conocedores de la complejidad que entraña un proceso selectivo, que trate de agilizar lo máximo posible este procedimiento para que cuanto antes los nuevos funcionarios puedan tomar posesión de sus plazas, más aún cuando estamos viviendo un momento de transformación absoluta de la Justicia”.

“Desde la Consejería de Justicia creemos que todas las administraciones debemos hacer un esfuerzo por tratar de agilizar los procesos selectivos, máxime en un área tan importante como es la Justicia, en la que se hace muy necesaria contar con personal funcionario y dar estabilidad a las plantillas”, añade.

Los sindicatos

Aunque los sindicatos han recibido a veces críticas por su inactividad o dejadez en este asunto, lo cierto es que en los últimos meses también han reaccionado al clamor de los perjudicados.

En Andalucía, además, la actualidad viene marcada por la mencionada suspensión cautelar de destinos ordenada por el TSJA, tras una demanda interpuesta por SPJ-USO, que tiene aún más en vilo a cientos de opositores.

Alfonso Justicia Barajas, secretario general de SPJ-USO en Andalucía, asegura que su sindicato es "plenamente consciente del posible retraso" que esta decisión judicial puede implicar, pero también dice tener claro que “el responsable solo es la Junta de Andalucía”. 

“Cualquier plaza que se oferte en un proceso selectivo tiene que pasar obligatoriamente por un concurso de traslados; y la Administración, en este caso la Junta, tiene que indicar si las plazas han seguido este trámite, algo que no se ha justificado en unas 400 plazas de los tres cuerpos generales  (Auxilio, Tramitación y Gestión) de todas las provincias andaluzas, lo que ha llevado a la suspensión cautelar mencionada”, una vez que, como apunta, los tribunales les han dado la razón. 

Según indica, la sentencia llega a decir “que no existe motivación alguna -por parte de la Junta- en la selección de las plazas mencionadas”.

Otro de los sindicatos que con mayor interés ha recogido el testigo es Comisiones Obreras, que además de llevar el caso al Defensor del Pueblo ha convocado una concentración de protesta ante el Ministerio de Justicia el próximo 24 de febrero.

La responsable andaluza de Justicia -también de Almería- en CCOO, Inmaculada Molina, es miembro de la ejecutiva del sector estatal y además una de las afectadas, pues desde hace dos años sigue sin tomar posesión de su plaza de Gestión. 

Molina, además de animar a los afectados a acudir a la concentración del día 24, se muestra partidaria de agotar todos los recursos legales para luchar contra “este despropósito” que sufren 12.000 personas en España. 

Ella misma afirma que va a presentar una demanda contencioso-administrativa contra la Administración para exigirle su responsabilidad patrimonial por las pérdidas que ha sufrido al no poder haber accedido en dos años a su plaza, adquirida por promoción interna tras aprobar en el examen que realizó en junio de 2024. “Desde entonces no estoy percibiendo el sueldo que me correspondería, pero además me afecta a la categoría profesional, a las cotizaciones a la Seguridad Social y a la jubilación, pues si todo hubiera sido normal ya habría perfeccionado un trienio como gestora, no en Tramitación, mi puesto actual”, se lamenta.

Además, informa de que los servicios jurídicos de CCOO estudiarán la viabilidad de esta demanda, que ya están analizando también otros opositores aprobados pero aún sin plaza que se están movilizando a través de las redes sociales. 

El caso podría sustentarse en una sentencia de 2012 de la Audiencia Nacional que dio la razón a una funcionaria de Ourense que interpuso una demanda por un retraso similar a la hora de tomar posesión en una plaza conseguida en oposición, que condenó a la Administración a pagarle más de 26.800 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Toñi de Rueda, responsable de Justicia de UGT Almería, advierte por su parte de que, aunque el Ministerio es el responsable último en la resolución de las plazas, la Junta de Andalucía -y en general las CCAA con competencias asumidas- tienen también una gran parte de responsabilidad en este gran atasco y retraso. “La Consejería de Justicia andaluza funciona fatal y muchas veces está dando las plazas al Ministerio tarde y mal”. Y es que para la resolución de los procesos es fundamental, explica, la colaboración y coordinación del Ministerio con las CCAA, que son las encargadas de dirigirle las plazas vacantes con que cuentan para ser cubiertas en sus respectivos territorios.

Además de estas razones, hasta ahora el Ministerio ha contestado a UGT que entre los motivos para este gran retraso está “la falta de personal suficiente” para realizar estos trámites, que no es funcionario de Justicia.

Las academias de formación

Las academias de formación de opositores también se ven afectadas, puesto que los retrasos pueden incidir directa o indirectamente en el número de personas que decidan acudir a ellas. 

El director de Formación de JD Oposiciones de Justicia -con sede en Córdoba, pero que también cuenta con cursos online-, Juan David Granados, manifiesta que a su juicio “resultan intolerables los continuos retrasos que se vienen produciendo en las tomas de posesión de funcionarios de justicia con plaza definitiva, a lo que se suma una enorme falta de sensibilidad en momentos clave del proceso, como cuando se publican las correcciones de los ejercicios y no se facilita desde ese momento la suma total de las puntuaciones con el orden provisional para conocer la plaza, generando durante días o semanas (hasta que con una nueva publicación se realiza), una incertidumbre totalmente evitable a los opositores”.