Más de 40.000 almerienses cobrarán 168 euros más a partir de ahora
El 0,5% más con efectos retroactivos desde 2024

Acto de consolidación de nuevos funcionarios en la Diputación de Almería.
Más de 40.000 empleados públicos de Almería, extensible a todas las administraciones, están de enhorabuena: el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, aprobó ayer un Acuerdo por el que se impulsa un incremento salarial adicional del 0,5% en las nóminas de los empleados públicos. Una medida de la que se beneficiarán más de 3 millones de personas que trabajan para las administraciones o instituciones públicas de todo el país.
Sirve para culminar el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 entre la entonces titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CCOO y UGT. En el caso de Almería, la medida beneficiará a más de 40.000 funcionarios de las distintas administraciones, que cobrarán una media de 168 euros más al año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
El incremento recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de los empleados públicos a través de una paga de atrasos. Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual. Y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas.
Con esta decisión, el Gobierno asegura que asume sus compromisos con los 3.043.024 empleados públicos que desempeñan la labor del servicio público desde las administraciones del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y de otras instituciones públicas, que quedaron recogidos en ese Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
Ese acuerdo, firmado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en octubre de 2022, reconocía el buen desempeño del empleo público e incluía el compromiso de realizar reformas para modernizar las Administraciones Públicas.