Castilla-La Mancha se salta la ley y pide que no vaya agua al Almanzora
El Levante almeriense puede perder otros 16 hectómetros que se suman a los del Negratín suspendido y a los de la desaladora averiada desde hace 13 años

Canal por el que llega el agua del Tajo al Levante almeriense.
Los regantes del Almanzora, que suman ya tres campañas sin agua del Trasvase del Negratín y sin agua de su desaladora averiada hace trece años, se han encontrado con otro escollo en el camino: a las presiones de una plataforma ecologista de Madrid para impedir el Trasvase de ocho hectómetros que tienen pactado con la Comunidad de Regantes del Canal de las Aves, se une ahora la petición formal que ha hecho el Gobierno de Castilla La Mancha para impedir este Trasvase que necesitan los regantes del Levante almeriense.
“Le hemos pedido formalmente al Gobierno de España que no atienda esta demanda, que no se le ocurra autorizarla”, ha remarcado la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobieno castellanomanchego, Mercedes Gómez, explicando que la Junta no tiene competencia para rechazar esta derivación, pero si lo puede hacer el Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Los regantes almerienses tienen también otro acuerdo de compra de ocho hectómetros de agua con otra comunidad de regantes del Henares, que también tiene que ser ratificado por el Gobierno. Con la cantidad que paga la sociedad Aguas del Almanzora, los regantes manchegos, a su vez, obtienen recursos para mejorar sus sistemas hidráulicos.
Los regantes del Levante almeriense se muestran tranquilos y creen que la ministra del ramo, Sara Aagesen, hará cumplir la ley. Una reforma legal de la Ley de Aguas de 1999 introdujo la figura de los contratos de cesión de derechos de uso, una excepción al régimen concesional que permite las ventas de agua entre concesionarios. Aunque en un principio los contratos de cesión estaban permitidos entre usuarios de una misma cuenca hidrográfica, otra reforma legal en el contexto del Memoradum del Tajo de 2013 permitió la venta de aguas entre usuarios de distintas cuencas, previa autorización expresa de la Dirección General de Aguas del Ministerio.