Giro judicial el protagonizado por cuatro agentes de la Guardia Civil y un ciudadano en un caso que viajó al Tribunal Constitucional desde Vera para terminar de nuevo en los juzgados del Levante almeriense. El pasado 2 de enero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vera dictaba un auto por el que se archivaba la causa contra los agentes, que habían sido acusados de detención ilegal y tortura. Pero tras ese auto hay mucho más. 

Tal y como explican a LA VOZ desde Miranda Asesores, despacho almeriense que representaba a dos de los agentes de la Guardia Civil, este caso tuvo como primera particularidad que el denunciante, en primera instancia, vio rechazadas sus pretensiones de denuncia frente a los agentes de la Guardia Civil, recurriendo posteriormente en amparo al Tribunal Constitucional.

Ya en manos del alto tribunal, se dictó una resolución que obligaba a que el asunto regresara al Juzgado de Vera número 4 para que se investigaran los hechos denunciados. 

"El Constitucional entendió que el caso debía ser investigado, opinión que, admitida, no compartimos, y así expusimos en el procedimiento, habiendo sido ahora estimadas nuestras pretensiones", explican desde Miranda Asesores.

Denuncia falsa contra los agentes de la Guardia Civil

Fue a partir de ese momento cuando tuvo lugar la práctica de pruebas en la fase de instrucción del caso, dando un giro: el denunciante está ahora imputado por un delito de atentado y un delito de lesiones. 

En el auto, el juez reconoce que los agentes de la Guardia Civil emplearon "la fuerza mínima imprescindible" en la contención del detenido, "ante el estado de agitación y agresividad en el que se encontraba". De hecho, tuvieron que ser varios los agentes necesarios para reducirlo. 

"La realidad es que, quien fue agresivo y agredió a los agentes fue el ahora imputado por un presunto delito de atentado y lesiones", subrayan desde Miranda Asesores.

De esta forma, la actuación de los agentes fue legítima, proporcional y ajustada al ejercicio de sus funciones, "sin que existiera base objetiva para sostener la imputación de lesiones o atentado contra la integridad moral", explican. 

Desde Miranda Asesores recuerdan que "hoy en día, cada vez más, nos encontramos que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son denunciados falsamente con motivo de actuaciones en el marco del ejercicio de su profesión, siendo común la admisión a trámite de muchas de estas denuncias, cuando carecen de toda clase de pruebas. La realidad es que, en todos aquellos casos en los que, desde nuestro despacho, hemos atendido dentro de la asociación JUCIL y JUPOL, hemos obtenido resoluciones favorables a los agentes, y somos conocedores de que estas denuncias tienen como único fin de amedrentar a guardias civiles o policías nacionales, en su labor de persecución de delitos. Los agentes se encuentran con numerosas dificultades en su trabajo. Y ahora también, han de defenderse de denuncias falsas. Es un problema que va a más".