Siete menos diez de la mañana del martes 18 de noviembre. A esa hora, en Retamar, empezaba uno de los diez registros efectuados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en domicilios durante una jornada maratoniana que se saldó con siete detenidos por "sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales", según el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Las ubicaciones principales de esos registros se encuentran en la capital: en concreto, en Retamar y Nueva Almería, donde se encuentran el domicilio circunstancial de Fernando Giménez, vicepresidente de la Diputación, y la casa de Javier Aureliano García, presidente de la institución provincial. 

No obstante, ya antes se había producido un movimiento clave en la sede de la Diputación Provincial de Almería, donde habían sido precintados los despachos que, horas más tarde, serían objeto de más registros. 

Más de 10 horas de registros

Además de los domicilios del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería, los guardias civiles de la UCO acudieron al almeriense barrio de Oliveros. Allí, en la calle Hermanos Machado, los agentes registraron algunos de los despachos de la sede del Área de Fomento de la Diputación de Almería, de la que fue responsable Óscar Liria, vicepresidente tercero que fue detenido en 2021 por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con la adjudicación de un contrato para el suministro de mascarillas. 

Y de ahí, a la Diputación Provincial de Almería. El insigne edificio de la calle Navarro Rodrigo, que debía ser en plena celebración del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) un hervidero en torno al séptimo arte mutó en foco de atención mediática a nivel nacional. 

Dos ruedas de prensa de FICAL se trasladaban del Patio de Luces de la Diputación a la plaza Marín y la agenda pública de los diputados provinciales quedaba cancelada. Alrededor del Palacio Provincial se congregaban medios de comunicación y curiosos y pronto empezó el movimiento.

A las 12:12 horas, los primeros coches de la UCO llegaban a la Diputación Provincial de Almería, accediendo al edificio a través del garaje, situado en la calle García Alix. En el interior de uno de ellos iría el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez. Habría que esperar hasta las 13:42 horas para que otro vehículo introdujera por el mismo acceso al presidente de la institución provincial.

El registro en los despachos de la sede de la Diputación Provincial de Almería, a la que accedieron un total de 5 vehículos vinculados con la investigación, se extendió más de cinco horas. No fue hasta las 17.25 horas cuando tres vehículos, en dos de los cuales iban el presidente y el vicepresidente detenidos, abandonaban de nuevo el edificio poniendo punto final a más de diez horas de registros. 

En medio de esas intensas horas, una familiar directa de uno de los dos detenidos acudía al interior de la sede de la Diputación Provincial. 

Más registros en Fines 

Además de los cuatro registros confirmados en Almería capital, la operación de la UCO habría tenido una ubicación clave en la provincia: Fines, municipio de origen de Óscar Liria y epicentro de las investigaciones. No en vano, tal y como detallan desde el TSJA, algunas de las contrataciones fraudulentas a través de las que se habrían cobrado comisiones se habrían llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines.

Fruto de esos registros en el municipio de la comarca del Almanzora han sido detenidos el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo, respectivamente tío y primo de Óscar Liria. 

Desde el TSJA explican que algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las empresas cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

Cabe recordar que en la causa ya estaba siendo investigado, entre otros, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por importe superior a los dos millones de euros.