La operación que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están desarrollando en Almeria suma ya siete detenciones. Así lo han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han señalado que tanto el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García; como el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, han sido arrestados en la mañana de este martes junto con otras cuatro personas, entre ellos el alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, y un funcionario del Área de Fomento de la Diputación de Almería.

Desde primera hora de la mañana, agentes de la UCO han puesto en marcha un operativo que ha comenzado a las 08:00 horas en los despachos de Presidencia de la Diputación de Almería y en las viviendas de los implicados, entre ellas las de García. De este modo, explican desde el TSJA, la nueva operación ha llevado a cabo registros en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros". Algunas de estas contrataciones, señalan, se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines.

Algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

En la causa ya estaba siendo investigado, entre otros, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por importe superior a los dos millones de euros.

Los siete detenidos en la operación serán puestos previsiblemente a disposición judicial el próximo jueves.