La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Otras fuentes apuntan, cercanas las diez de la mañana de este martes, que al parecer solo se habrían producido registros domiciliarios en las viviendas donde residen los tres políticos antes citados, pero no están arrestados.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

Caso Mascarillas

El pasado mes de marzo, se reactivaba la investigación judicial sobre el denominado 'Caso Mascarillas' y aterrizaba en Almería después de 3 años en 'stand by' con nuevas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad. 

En la mañana del martes 18 de marzo, ocho de los 17 investigados eran citados a declarar en el marco de la causa que investiga el pago de presuntas comisiones ilegales a un cargo público tras la adjudicación de un contrato de emergencia para la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19.

Uno de los declarantes clave era Óscar Líria Sánchez, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, quien fue detenido el 15 de junio de 2021 por presuntas mordidas durante la compra de las mascarillas y posteriormente puesto en libertad. Su arresto, sumada a la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un despacho del palacio provincial para consultar un expediente de adjudicación de un contrato urgente con Azor Corporate a cambio del suministro de mascarillas, generó un temblor que precipitó su destitución del cargo y posterior expulsión del partido (PP).

Ese caso, en donde están personados como acusación particular el PSOE, VOX y la Diputación de Almería se centra en un contrato firmado en 2020 por la Diputación de Almería con la empresa Azor Corporate Ibérica, administrada por Kilian López Solé, por un importe de 2,36 millones de euros.

La Justicia investiga la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la administración pública, al detectar pagos sospechosos que podrían ascender a casi un millón de euros. En su providencia el juez del Juzgado de Instrucción 1 de Almería, observa que hasta el momento no se ha producido "la práctica de declaración judicial alguna, más allá de la que se realización en Barcelona".

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