La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha denunciado, tras la aprobación el pasado miércoles de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso —con los votos en contra del Partido Popular—, que ocho municipios de la provincia podrían perder la parada de autobús, lo que aislaría aún más a 28.000 almerienses que habitan en localidades como Carboneras, Benahadux, Turre, Tabernas, Los Gallardos, Sorbas, Chirivel y Rioja.

Martínez Labella ha calificado esta ley como una “trampa” porque, según ha explicado, “no garantiza ni la movilidad ni la sostenibilidad, ya que, aunque por ley todos los españoles tienen derecho a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a los ciudadanos que viven en los municipios más pequeños, a los que habitan en la España rural”.

“La eliminación de estas paradas de bus va a suponer un hándicap para que muchos almerienses puedan desplazarse de un lugar a otro, una situación que se repetirá a lo largo y ancho de todo el país y que demuestra que para el Gobierno hay ciudadanos de primera y de segunda”, ha señalado la diputada.

Además, lamenta que desde el Ejecutivo central “se demonice al vehículo privado, que parece ser el gran culpable de la contaminación y del cambio climático, sin aportar ninguna solución para las personas que lo tienen difícil para desplazarse de cualquier otro modo”.

Buscar soluciones

Martínez Labella ha advertido, asimismo, de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso “va a pelear para que ninguna de las paradas de la provincia de Almería quede eliminada del Mapa Concesional de Transporte por Carretera”, y ha asegurado que lo harán “estando al lado de las comunidades autónomas, que serán las que de manera subsidiaria tengan que prestar estos servicios”.

Según ha afirmado, “el objetivo principal que oculta el Mapa Concesional es la supresión de una parte del servicio prestado por el Estado, para que sea asumido por las comunidades autónomas, lo que supone un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio, mientras que el Estado solo dota a las autonomías de 25 millones de ayuda directa mediante mecanismos de compensación durante dos años, y 15 millones que recaudarían las comunidades derivados de los ingresos que aporten estos servicios una vez sean asumidos por ellas”. Por último, la diputada del PP ha concluido que “estamos ante una ley trampa que lo único que garantiza es la inmovilidad de Pedro Sánchez en el sillón de La Moncloa”.