El Ayuntamiento de Albox continúa luchando para poder proporcionar los servicios básicos de luz y agua a las viviendas irregulares ubicadas en su municipio con la mayor celeridad posible. Con este objetivo, el Grupo Socialista dio entrada el pasado lunes en el registro del Parlamento andaluz a una enmienda a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La enmienda propone la opción de que, una vez que el decreto de regularización de viviendas alegales entre en vigor (dentro de un mes), los consistorios tengan los instrumentos necesarios para emitir un documento con el que las compañías suministradoras puedan proporcionar luz y agua a estas construcciones mientras dure el proceso de legalización. La iniciativa, que ha partido del Ayuntamiento albojense, deberá ser analizada antes de ser incorporada a la LOUA, deseo del equipo de Gobierno socialista de Albox.

“Dotar con los servicios básicos a estas viviendas es una de las principales demandas que nos han hecho siempre los residentes, sobre todo de origen británico. Que con independencia del reconocimiento, puedan conectarse a la luz y agua” -explica el alcalde de Albox, José García Navarro. La falta de las competencias necesarias por parte de las administraciones locales impide que los ayuntamientos puedan tramitar el derecho a los servicios básicos aún cuando, según asegura García, “paradójicamente, las instalaciones las tienen en su misma puerta pero no pueden conectarse”.

Obligados

El primer edil albojense antepone el derecho a disfrutar de los servicios básicos en estas construcciones a la legalidad de la propia vivienda. “Si a algo están obligadas las administraciones públicas es a prestar los servicios básicos por ley. Después ya se podrá debatir sobre su legalidad, pero se le debería facilitar el acceso como mínimo a esos servicios básicos como el agua y la luz. No hablo de asfaltado o iluminación, aunque a día de hoy no tenemos instrumentos para permitir a las compañías suministradoras, que no tendrían ningún problema”.

Dotar con luz y agua a estas viviendas ha sido uno de los principales objetivos de la Corporación municipal. De hecho, en 2009 fue publicada una ordenanza que permitió a varias familias disfrutar de estos servicios, aunque una posterior normativa de carácter autonómico anuló su viabilidad y acabó enfrentando a Ayuntamiento y Junta de Andalucía en los juzgados.