El caso del funcionario de la Universidad de Almería que, presuntamente, habría malversado fondos públicos por valor de 243.000 euros de manera continuada mediante la presentación de facturas falsas dio, el pasado martes, un giro inesperado. Ese día, la UAL debía remitir toda la documentación del caso al Tribunal de Cuentas para su estudio. Un miembro del Gabinete Jurídico llevó hasta el despacho de Correos de la Universidad, situado en el edificio central del campus, un sobre con la documentación requerida por el organismo fiscalizador y se lo entregó a la funcionaria que trabaja en esta oficina para que lo enviara certificado. Aprovechando un descuido de la mujer, que salió unos minutos más tarde, el funcionario expedientado abrió el sobre y sacó algunos papeles que podían comprometerle aún más, pero fue pillado “in fraganti” por su compañera que, de inmediato, llamó al Gabinete Jurídico para que comprobaran si en el citado sobre faltaban algunos informes o estaba toda la información que debía mandarse.

Con la celeridad que faltó cuando meses antes se descubrió que este trabajador había malversado, presuntamente, fondos públicos por valor de 243.000 euros, el Rectorado ordenó ipso facto la suspensión de empleo y sueldo de este funcionario,  a quien al día siguiente (el miércoles pasado), se le dio la orden de no volver a acceder a su despacho, obligándole a entregar las llaves del mismo.

Ese mismo día, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que podría acusar al funcionario de dos delitos más, además de la malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por los que ya está siendo investigado: violación de la correspondencia y ocultación de pruebas, ambos contemplados en los artículos 197 y 451 del Código Penal. Apoderarse de la correspondencia ajena se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses. Encubrir pruebas está tipificado con sentencias que van desde los seis meses a los tres años de cárcel.