En la provincia hay más de 4.000 almerienses  dependientes reconocidos, de los que “2.000 son grandes dependientes severos” que “no reciben ningún tipo de prestación por parte de la Junta”, ha expuesto la portavoz adjunta del PP-A en el Parlamento andaluz y diputada por Almería, Carmen Crespo. Una situación que, a su juicio, “demuestra una situación de parálisis en el Gobierno andaluz”.

En una nota, la parlamentaria ha pedido a la Consejería que “acorte los plazos de resolución de las prestaciones, y deje de vanagloriarse de haber incorporado en los últimos meses a 73.000 dependientes andaluces, porque la realidad es que los han valorado pero aún no tienen resolución, lo que significa que la lista de espera ha aumentado considerablemente".
Crespo señala que la deuda de la Junta con ayuntamientos y diputaciones es “insostenible” y cifra en más de 13 los millones que “el Gobierno andaluz les debe en materia de Dependencia”.

“El Sistema de Atención a la Dependencia en Almería es sostenible gracias al Gobierno de Mariano Rajoy”, insiste Crespo, que señala en la nota, que es el Gobierno central el “que ha llevado a cabo medidas como estabilizar el pago de las deudas de la Dependencia, elaborar una normativa más simplificada, eficaz y eficiente, y desarrollar una política presupuestaria que ha permitido a las comunidades  pagar a los proveedores y gestionar el sistema de evaluación y de prestaciones”.

En este sentido, Crespo ha apuntado que en 2014 “el Gobierno de Rajoy transfirió a la Junta más de 800 millones de los 1.116 que la Consejería dice que se gasta en este servicio”. Además, “los Presupuestos Generales del Estado para 2016 suben más de un 6,4% el crédito para financiar la Dependencia, hasta alcanzar los 1.252,2 millones de euros”.

Andalucía “supera los 300 días”
Carmen Crespo pide a la Junta que “no utilice a los dependientes en su estrategia de confrontación” y exige a la Consejería que “acorte los plazos de resolución de las prestaciones” porque “Andalucía sigue incumpliendo el tiempo medio en los plazos de resolución de reconocimiento de la prestación, que es de 49 días en España, mientras que aquí supera los 300 días,y sigue aumentando”.