Las continuas caídas del sistema Adriano, la plataforma tecnológica y de gestión procesal utilizada por la Administración de Justicia en Andalucía, no solo están provocando retrasos en los procedimientos judiciales y perjuicios para los ciudadanos, sino que también tienen un importante impacto económico para las arcas públicas.

Según un informe elaborado por UGT a partir de datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial y de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, cada jornada en la que el sistema deja de funcionar por completo supone un coste de 76.712 euros en Almería únicamente en concepto de personal de los cuerpos generales. El cálculo se realiza teniendo en cuenta el número de efectivos, el salario medio y los costes sociales asociados.

En lo que va de año se han registrado 16 caídas completas de Adriano, lo que se traduce en otras tantas jornadas de trabajo prácticamente perdidas. Además de paralizar la actividad ordinaria de los juzgados, estos fallos han obligado a suspender juicios, vistas y otros actos judiciales, generando nuevos retrasos que agravan el colapso de la Administración de Justicia.

Solo en la provincia de Almería, estas incidencias han supuesto un coste superior a 1,2 millones de euros para la Junta de Andalucía. Extrapolando los datos al conjunto de la comunidad autónoma, la factura supera los 12,9 millones de euros.  Esta cantidad es muy superior, por ejemplo, a todo el presupuesto autonómico para dotaciones de personal interino por sustituciones y bajas, que es de 8,5 millones de euros al año en Andalucía.

Las cuentas del sindicato son muy claras: en Almería trabajan actualmente 800 funcionarios de los cuerpos generales (225 de Gestión Procesal, con un salario bruto anual de 38.000 euros; 400 de Tramitación Procesal, con 32.000 euros; y 175 de Auxilio Judicial, con 28.000 euros). Para llegar al cálculo del coste por día, UGT ha tenido en cuenta que los 2.500 gestores de toda Andalucía suponen un coste anual de 95 millones de euros; los 4.500 tramitadores, 144 millones; y los 2.000 funcionarios de Auxilio Judicial, 56 millones. En total, los salarios de los funcionarios de los cuerpos generales en Andalucía suponen un gasto de 295 millones de euros al año. A partir de estos datos, el sindicato ha calculado un coste diario de 863.013 euros en Andalucía y de los citados 76.712 euros en Almería.

"El ciudadano paga las consecuencias"

La secretaria general de Justicia de UGT en Almería, Toñi de Rueda, considera que se trata de "un coste elevadísimo" que termina repercutiendo directamente en los ciudadanos. 

"La Administración está tirando el dinero por un lado mientras, por otro, recorta en el nombramiento de personal. Al final, quien paga las consecuencias es el ciudadano, que no recibe un servicio público de calidad", señala. Y es que, como añade, "con este  despilfarro de dinero se podría contratar al personal interino, de forma que al final se castiga doblemente a la justicia, y a la plantilla".

Para UGT, el problema es estructural. Aunque la versión centralizada de Adriano apenas lleva unos tres años en funcionamiento, el sindicato sostiene que el sistema ha demostrado ser insuficiente para responder a las necesidades de los nuevos tribunales de instancia.

A ello se suman, según denuncia la organización sindical, equipos informáticos obsoletos, un ancho de banda insuficiente y una falta de inversión en infraestructuras tecnológicas. El resultado es un cuello de botella que ralentiza la tramitación de los procedimientos judiciales.

"Procesos que antes se resolvían en doce meses ahora requieren dieciséis. Solo en Andalucía se han paralizado cientos de sentencias", asegura Álvaro Ruiz, gestor procesal y liberado sindical de UGT Almería.

Sevilla es, con mucha diferencia, la provincia donde más cuesta cada jornada perdida por las caídas de Adriano, ya que asciende a 220.547 euros, siempre según los cálculos de UGT. A continuación se sitúan Málaga (181.191 euros por día), Cádiz (115.068), Granada (105.479), Almería (76.712), Córdoba (57.534), Jaén (52.739) y Huelva (43.150).

Efectos del último 'apagón'

El último 'apagón' del sistema Adriano se produjo el pasado 16 de junio. Ese día, los funcionarios de Justicia de Almería se concentraron a las puertas de los juzgados para denunciar la decimosexta caída del año. Además, jueces y magistrados de Andalucía elevaron una queja formal y unánime a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en la que denunciaban las constantes caídas y fallos del sistema que, a su entender, paralizan su labor e impiden prestar el servicio público de calidad que exige la ciudadanía.

Ese día la caída también provocó otros daños colaterales, como la desconfiguración de las notas con las que se comunican los funcionarios con los jueces, o la imposibilidad de acceder a expedientes judiciales. 

Uno de sus efectos más graves se produjo, según informa UGT, en la Fiscalía de Menores, donde el fallo impidió trabajar durante los tres días siguientes, y obligó a los funcionarios a realizar sus tareas "a mano" o en Word.

¿Qué es el sistema Adriano?

Adriano es la plataforma tecnológica y el sistema oficial de gestión procesal de la Administración de Justicia en Andalucía. Gestionado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, constituye el entorno digital desde el que trabajan jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y el resto del personal judicial.

Entre sus principales funciones se encuentran la tramitación electrónica de expedientes judiciales, la gestión de procedimientos, demandas, resoluciones y notificaciones, así como el acceso de ciudadanos y profesionales a la Sede Judicial Electrónica para realizar trámites telemáticos o consultar expedientes mediante certificado digital.

Además, el Portal Adriano ofrece información institucional, acceso a directorios de sedes judiciales, servicios relacionados con la justicia gratuita y otros recursos de la Administración de Justicia.

En la actualidad, el sistema se encuentra inmerso en un proceso de modernización tecnológica, conocido como @driano, con el objetivo de actualizar una infraestructura cuyos orígenes se remontan a finales de la década de los noventa. Sin embargo, los sindicatos denuncian que las mejoras implantadas hasta ahora no han conseguido evitar los frecuentes fallos que afectan al funcionamiento diario de los juzgados andaluces. Es más, desde diferentes ámbitos se apunta a este sistema como uno de los factores que explican el deterioro del servicio de Justicia en Andalucía.

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