En Almería este martes muchas clínicas veterinarias lucirán el cartel de cerrado a partir de las 11.00 horas y hasta las 14.00. Igual que nuestra provincia, muchos otros centros de toda España echarán el cierre de manera simbólica. ¿La razón? Una protesta, impulsada por la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (AMVEAC) y respaldada por colegios profesionales de todo el país, que busca denunciar el impacto negativo del Real Decreto 666/2023 en la calidad del servicio y la dignidad de los veterinarios.

La normativa en cuestión regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El objetivo, según afirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -impulsor de la normativa-, es combatir el mal uso de los medicamentos en el sector animal para frenar la resistencia bacteriana a los antibióticos. Sin embargo, los veterinarios no están contentos con el nuevo reglamento, que, según afirma el gremio almeriense, "parece estar hecho por alguien que nunca ha pisado una clínica".

Y es que la nueva ley obliga a los sanitarios a registrar cada antibacteriano que suministren en Presvet -una herramienta de monitorización y vigilancia de las prescripciones de antibióticos-. Se trata de un sistema burocrático complejo en el que el sanitario pierde mucho tiempo y en el que se puede equivocar con facilidad. Cualquier error puede acarrear para el propio veterinario sanciones de miles de euros.

Este sistema de control, que inicialmente se implementó para el ámbito ganadero, ha generado una fuerte oposición en el ámbito de los animales de compañía, donde los veterinarios consideran que supone una injerencia burocrática que limita su capacidad de actuar con la agilidad y eficacia necesarias: "Por culpa de esta normativa la salud de los animales corre peligro, ya que todos los pasos por los que hay que pasar antes de suministrar el medicamento que necesitan retrasan mucho su curación", lamentan algunos profesionales del sector.

Una respuesta unánime del sector

La iniciativa del cierre simbólico, que nació en Málaga, se ha extendido rápidamente por toda España. Las clínicas cerrarán hasta las 14.00 horas en todos los casos y todo el día aquellas que así lo decidan. Colegios veterinarios de ciudades como Ceuta, Valladolid, Zaragoza, Madrid y la Comunidad Valenciana han manifestado su adhesión a la protesta. En Almería, el Colegio Oficial de Veterinarios también ha mostrado su respaldo. Sin embargo, también ha llamado a la prudencia ante "todas aquellas informaciones -no del todo fiables o directamente falsas- que circulan últimamente sobre Presvet".

El principal argumento de los profesionales contra Presvet es que el sistema, tal y como está planteado, dificulta el acceso inmediato a tratamientos esenciales, pone trabas a la atención clínica y genera desconfianza en la relación veterinario-propietario. Además, encarece un servicio que ya de por sí estaba lejos de ser accesible para todos los bolsillos: "A los veterinarios nos castigaron hace unos años con un 21% de IVA, que repercutía directamente en el bolsillo de los clientes. Ahora no podemos venderles ni recetarles medicamentos humanos, que en algunos casos funcionan igual de bien y que además son notablemente más baratos que los de animales", lamentan.

Por todas estas razones, en Almería se ha convocado una manifestación a las 12.00 horas frente al Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, para exigir la revisión del Real Decreto, así como la reducción inmediata del IVA veterinario al 10%, la apertura de un proceso de diálogo y revisión de la Ley de Bienestar Animal con la participación activa del colectivo veterinario y, finalmente, la revisión de la adscripción ministerial para que pasen a estar regulados por el Ministerio de Sanidad.

Desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV), que agrupa a los colegios profesionales de toda España, se han mantenido reuniones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para buscar una solución a este problema. En este sentido, la OCV ha convocado una asamblea general de presidentes para el próximo viernes 14 de febrero, con el objetivo de consensuar una estrategia común frente a esta situación.

Un conflicto que ya ha llegado al público

El malestar del sector veterinario ha trascendido el ámbito profesional y ha llegado a la opinión pública. En las últimas semanas, se han producido debates en programas de televisión en horario de máxima audiencia, donde los veterinarios han expresado su preocupación por las repercusiones de esta regulación.

A pesar de las movilizaciones y los intentos de diálogo con la administración, el Gobierno no ha dado señales de una posible rectificación de la normativa. De momento, el cierre de clínicas veterinarias de este martes será un gesto de advertencia. Sin embargo, si la situación no cambia, no se descartan medidas más contundentes en el futuro, ya que debido a las altas sanciones a las que los veterinarios podrían tener que hacer frente, muchos profesionales no descartan tener que dejar su oficio "si esto continúa así".

Fotografía de KansudaKaewwannarat descargada de www.depositphotos.com