Un perro llega a una clínica de Almería en brazos de su dueña. La almeriense está muy angustiada por su mascota, quien es ya un miembro más de su familia, probablemente el más consentido. Entre ladridos y pruebas, le diagnostican otitis, una dolencia muy común entre su especie y sencilla de tratar. O por lo menos, lo era antes de la entrada en vigor el pasado 2 de enero de la nueva normativa contra la resistencia bacteriana a los antibióticos, un real decreto con el que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se intenta combatir el mal uso de los medicamentos en el sector animal.

"Nosotros sabemos cuál es el tratamiento perfecto para curar la otitis, porque es un caso que hemos visto cientos de veces. Pero con la nueva norma, ya no podemos suministrarlo directamente, sino que hay varios pasos intermedios", explica Ramón (nombre ficticio), un veterinario de la capital que carga sobre su espalda 25 años de profesión en clínica. El profesional toma una hoja plastificada en la que aparece plasmada una tabla dividida en cuatro. Son los cuatro grupos en los que se han separado los antibióticos, de menor a mayor intensidad.

"Antes de recetar la polimixina, que es lo que sé que curará la otitis del perro, tengo que recetarle un antibiótico del grupo D, aunque yo sea perfectamente consciente de que no va a funcionar. Tras unos días tendrá que volver a que yo le recete otro del grupo C, que tampoco lo curará. Finalmente, tendré que pasar al grupo B, donde, por fin, está la polimixina. Pero suministrarla tampoco es tan sencillo, porque antes tengo que encargar un antibiograma para poder justificar su uso. Ese cultivo tarda días en llegar", lamenta el veterinario, quien señala que lo que antes podía solucionarse en una sola consulta y en poco tiempo, ahora tardará semanas y mucho más dinero.

En perjuicio de la mascota y del bolsillo 

Esperar durante semanas para poder tratar de manera correcta a tu mascota, con el perjuicio en salud que conlleva para el propio animal, no es el único efecto adverso del Real Decreto 666/2023. "Para recetar algunos medicamentos los dueños tendrán que pasar por consulta obligatoriamente, aunque sea algo que ya sabemos cómo tratarlo y que podríamos dárselo al dueño sin cobrarle una consulta", explica Pablo, un veterinario que realiza vídeos explicativos a través de Instagram sobre el sector en el que trabaja.

Las consultas extra y el coste del cultivo para confirmar lo que los profesionales ya saben son exigencias de la nueva normativa que encarecerán notablemente el servicio que prestan los veterinarios, quienes, por otro lado, son uno de los oficios más precarizados de España. Y es que, al contrario de lo que se cree, se trata de un gremio que cobra una media de 24.400 euros al año, casi la mitad que en Europa, donde el salario anual asciende a una media de 48.000 euros.

"Con la nueva normativa salen perdiendo los dueños, salen perdiendo los animales y salimos perdiendo nosotros, los veterinarios", denuncian desde el sector, en el que, según Ramón, "no hay ningún profesional que esté de acuerdo con esta legislación". Sobre los largos tiempos de espera y el aumento de precios habla Emilio, un almeriense que regenta también una clínica en Almería: "Quien ha hecho la legislación no ha trabajado en su vida en una clínica. Como esto siga adelante, habrá más de un perro que morirá por el simple hecho de haber cumplido la normativa", sentencia.

Hasta un millón de euros de multa

El Real Decreto incorpora a la ecuación el sistema PresVet, una herramienta de monitorización y vigilancia de las prescripciones de antibióticos que obliga a los profesionales a informar de cada antibacteriano que suministren, ya sea en consulta, en los casos hospitalizados o para que el cliente lo compre en la farmacia.

"Supone una cantidad ingente de burocracia que tenemos que rellenar por cada uso de antibiótico. Perdemos independencia, capacidad de elegir el tratamiento más adecuado y un tiempo muy valioso que podríamos utilizar atendiendo a los pacientes. Al final se traduce en menos pacientes atendidos al día", lamenta Ramón. "Nadie se imagina realmente lo que tardamos en rellenar todos los campos de la base de datos. Nos obligan a poner el porcentaje de lo que usamos, cuánto queda en el bote, qué caducidad tiene... Casi parecemos matemáticos en vez de veterinarios", añade otro compañero del gremio.

La frustración por "la insensatez" del nuevo sistema se entremezcla en las clínicas de toda la provincia almeriense con un amargo terror a las sanciones a las que tendrán que hacer frente los veterinarios en caso de equivocación: "Es súper fácil equivocarse, porque estamos todos muy confusos. Las multas van desde un mínimo de 3.000 euros hasta más de un millón, por lo que tenemos que andar con pies de plomo", lamentan.

Aun así, los veterinarios mandan un mensaje tranquilizador a los tutores de los peludos: "No vamos a dejar de recetar lo que el paciente necesite, pero sí vamos a tomar todas las medidas que podamos para protegernos ante el cuadro sancionador", explica Emilio. Aunque Ramón concuerda con él, no deja pasar una realidad preocupante en el sector: "Si esto no cambia y empiezan a multar a la gente, habrá compañeros que se planteen dejar su oficio, aunque lleven un recorrido de 25, 30 o 40 años, porque no merecerá la pena", denuncia.

Fomentando la automedicación

Desde comienzos de 2025, los veterinarios ya no pueden vender en sus clínicas los antibióticos, lo que significa que los tutores solo pueden adquirir los medicamentos en las farmacias. "El problema de esto es que si un perro necesita 10 comprimidos de un tratamiento concreto, ahora tendrá que comprar una caja de 80 o 100, mientras que antes nosotros podíamos suministrarle solo esos 10 y evitar que pagase por algo que no necesita", explica Emilio.

"Que haya restos de medicamentos sin usar en las casas es también preocupante, porque cuando vuelva a enfermar el animal, el dueño, en vez de ir al veterinario de nuevo, podrá automedicarle con los sobrantes, que es precisamente lo que dicen querer evitar con esta ley", añade el almeriense.

Los veterinarios se sienten abandonados por sus representantes e infravalorados por una sociedad que no los trata como sanitarios: "Esto solo demuestra poca confianza en nuestros conocimientos y formación. ¿Por qué el decreto no se les impone también a los médicos? ¿Por qué ellos no tienen que justificarse cada vez que mandan un antibiótico?", preguntan desde un gremio siempre menospreciado que ya sufría, por no ser considerados sanitarios, un IVA del 21% en sus servicios.

Fotografía de IgorVetushko descargada de www.depositphotos.com