La provincia de Almería ha perdido a cientos de menores tutelados en centros de  protección desde el año 2016, según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior presentado este viernes.

El documento revela un enorme agujero en la guarda de niños y adolescentes extranjeros, responsabilidad legal asumida por la Junta de Andalucía, con competencias transferidas.

Las fuerzas de seguridad del Estado recibieron unas 8.000 denuncias de desapariciones de menores extranjeros en España desde 2016. De ellas, 720 ausencias corresponden a chicos tutelados en la provincia de Almería, según el estudio del Ministerio del Interior.

No son datos anecdóticos. Solo la provincia de Cádiz supera a Almería en número de desapariciones (más de 4.000). Además, se trata de niños y adolescentes solos que quedan en un limbo, legalmente tutelados por la Administración autonómica, pero en la práctica deambulando dentro y fuera de la provincia de acogida.

La mayoría de estos chicos tiene entre 16 y 17 años de edad, según el estudio de Interior, pero un centenar de los desaparecidos tiene 14 o menos años. Están, por tanto, en una situación especialmente delicada. Interior los bautiza desde el año pasado como “ausentados”.

El problema ha tenido eco en otras instituciones. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Maeztu, ha abierto quejas de oficio “ante el el elevado porcentaje de menores desaparecido” y ha reflejado su inquietud en varios en sus informes anuales.

La Junta de Andalucía dispone de diversos centros para la acogida de menores tutelados, sea cual sea su origen. Estos espacios tienen en cuenta aspectos básicos para su protección como la edad, el riesgo de exclusión, el estado de su salud o la relación con sus familiares (si los hay).

No todos los niños y adolescentes están sometidos a las mismas condiciones y son los equipos técnicos y la autoridad judicial, si procede, la que establece el régimen. Ahora bien, los centros para menores no son espacios de reforma juvenil y, por tanto, no tienen condiciones de seguridad similares. No son centros para menores infractores (antiguamente conocidos como reformatorios) sino dependencias para la protección, guarda y acompañamiento de niños en riesgo.

Los chicos salen para acudir a clase y para participar de otras actividades formativas y de ocio, y ahí se producen muchas de las desapariciones registradas por el Ministerio del Interior y denunciadas a las fuerzas de seguridad del Estado.